Sindicatos, padres y estudiantes piden 150.000 profesores más para reducir las ratios a 15 alumnos

Vuelta al cole

Sindicatos, padres y estudiantes piden 150.000 profesores más para reducir las ratios a 15 alumnos

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública llama a Gobierno y CCAA a crear planes de contingencia ante posibles contagios en la vuelta al cole.

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“Preocupación” entre sindicatos, asociaciones de padres y estudiantes ante el escenario de la vuelta al cole una vez conocido el protocolo suscrito entre Gobierno y Comunidades Autónomas para un inicio del curso marcado por el Covid-19. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha llamado a ambas partes a reducir las ratios mediante la contratación de 150.000 docentes.

“Entendemos que garantizar una presencialidad segura de toda la comunidad educativa y en todos los niveles de la enseñanza es esencial en la vuelta a las aulas”, afirman las organizaciones que integran esta plataforma, entre las que está CCOO, UGT, CGT, CEAPA o el Frente de Estudiantes, entre otros. Esto, sostienen, requiere “una inversión nítida y suficiente tanto en la contratación de docentes, personal laboral y de administración y servicios, como de la reducción de ratios en las aulas y la infraestructura escolar”.

Por ello, no conciben que se puedan cumplir los protocolos establecidos por Sanidad, como el distanciamiento social, si no se puede alcanzar sin una “reducción significativa de las ratios”.

En este sentido, estos sindicatos, asociaciones de padres y estudiantes instan al Ministerio de Educación y a las Comunidades a bajar la ratio a no más de 15 alumnos por aula en las enseñanzas obligatorias, así como la disminución “sustancial en el resto de enseñanzas”. Relacionado con esto, reclaman la contratación de en torno a 150.000 profesores y profesoras más “para atender las nuevas aulas creadas”, así como un plan de inversión y contingencia “que permita hacer de nuestros centros educativos entornos seguros”.

Respecto a la inversión, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública aboga porque las administraciones competentes destinen “al menos” el 10% de los fondos europeos anunciados a este sistema educativo y al alumnado en situación de desventaja social o mayor vulnerabilidad.

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