Fiscalidad

Sindicatos, académicos y ONGs piden a Bruselas flexibilidad fiscal y aprender de las «lecciones» de 2008

George Soros y los líderes de UGT, CCOO y USO, entre los firmantes de la carta abierta a las instituciones europeas.

Mascarillas con la Bandera de la UE

Un grupo de 150 personalidades de la sociedad civil, entre ellos líderes sindicales, académicos y de ONGs, han redactado una carta abierta a las instituciones europeas pidiendo que para la actual crisis se tenga una mayor flexibilidad fiscal y se aprenda de las «lecciones» de crisis de 2008.

Entre los firmantes del documento se encuentra el presidente de Open Society Foundations, George Soros; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; y el secretario general de USO, Joaquín Pérez da Silva.

Según exponen en la carta, la actual crisis generada por el coronavirus no se puede atajar con el actual marco fiscal que «prioriza la reducción de deuda y los presupuestos equilibrados sobre otros asuntos mucho más importantes de naturaleza humana, económica y medioambiental».

Los firmantes instan a la Comisión Europea y al Consejo Europeo, entre otras instituciones de la UE, a que aprendan las «lecciones» surgidas de la crisis de 2008 y sus «fallos políticos». «La aplicación de nuestro marco fiscal transformó la crisis financiera global de 2008 en una crisis económica autoinducida y en una recesión innecesariamente prolongada», aseguran. Además, los firmantes afirman que los problemas económicos derivados de esas políticas «avivaron las llamas del populismo».

Así, el documento asegura que para proteger a los ciudadanos y las empresas y apoyar a la economía es necesaria «más flexibilidad» que la permitida actualmente, por lo que «es vital» que no se aplique el actual marco fiscal hasta que no se acuerden una nueva serie de políticas coordinadas y principios flexibles.

«La política fiscal debería ser una facilitadora, no una cadena que atrape a nuestras economías. Nuestro marco fiscal debería estar alineado, no enfrentado, con los objetivos de pleno empleo y protección medioambiental delimitados en el Tratado de la Unión Europea», subrayan los firmantes.

Además, en su opinión, el Banco Central Europeo (BCE) debería perseguir una posición «acomodaticia» que apoye los «objetivos fiscales democráticamente elegidos», permitiendo a los Estados miembros hacer pleno uso del potencial fiscal permitido por la política monetaria.

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