Sin rastro de los beneficiarios de las becas para ricos de Ayuso

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Aula de clase.

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no ha publicado en el boletín oficial de la región (BOCM) los nombres ni de los beneficiarios ni de los excluidos de las becas para Bachillerato para el curso 2022-2003. Así lo denuncia CCOO, que afirma que esto constituye una “irregularidad”. Para la secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato en Madrid, Isabel Galvín, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue “actuando con una total falta de transparencia en el manejo del dinero público”.

Tal y como detalla Comisiones en una nota, la Consejería de Educación publicó en el BOCM con fecha 14 de noviembre la ORDEN 3343/2022, de 8 de noviembre, del Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de becas para el estudio de Bachillerato en la región.

“En el apartado DISPONGO, de la citada Orden, se cita expresamente en su Artículo Primero: ‘Conceder las becas para el estudio de Bachillerato para el curso 2022-2023, por el importe determinado en cada caso, a los solicitantes que figuran en el Anexo I ‘Beneficiarios’” y “en su Artículo Segundo: ‘Declarar excluidos de la convocatoria, por las causas que en cada caso se determinan, a los solicitantes relacionados en la lista que constituye el Anexo II ‘Excluidos’ de esta Orden”.

Sin embargo, todavía no se han publicado los nombres de los “beneficiarios”. Tampoco de aquellas personas “excluidas”. “Supone una irregularidad, un desconocimiento de las cuantías de las becas concedidas y una falta de transparencia para la comunidad educativa, así como para el resto de los ciudadanos y ciudadanas madrileños”, afirma el sindicato.

Galvín ha recordado que CCOO recurrió la convocatoria de becas de Bachillerato por ser sus destinatarios exclusivamente el alumnado de centros privados y dejar fuera a los de los centros públicos. “Es discriminatoria e insolidaria porque favorece al alumnado con mayor poder adquisitivo. Incluye además unos copagos que atentan contra los principios básicos del estado de bienestar”. Un recurso, que está pendiente de resolución judicial.

“Una vez más”, incide, “la Consejería de Educación usa los impuestos de toda la ciudadanía para llenar los bolsillos de unas pocas empresas. Es una redistribución a la inversa”.