Los empleados públicos de estas empresas todavía no han visto reflejadas en sus nóminas la subida salarial del 2,5% de 2023, “que debe hacerse efectiva desde el 1 de enero”. Las citadas entidades se han quedado “en el furgón de cola para cobrar una subida que, sin embargo, ya se ha abonado en la mayoría de empresas públicas que pertenecen a la misma familia: el Estado”.
De ahí que CSIF exija a Hacienda autorizar ya la subida salarial en todas las empresas públicas que están pendientes de pagarla a sus empleados. Además, recuerda que hay una empresa pública como Senasa (especializada en la seguridad aérea y navegación aeronáutica), “cuyos 600 empleados aún ni siquiera han cobrado la subida de 2022”.
Dicho esto, la organización sindical ha dejado claro que se trata de una subida “insuficiente a pesar de que en las nóminas de este mes de octubre deba complementarse con el 0,5% (también con carácter retroactivo desde el 1 de enero), tal y como se acordó si el IPC armonizado, sumado de 2022 y 2023, superaba el 6%”.