La restructuración del servicio financiero, denuncian las candidaturas de la España Vaciada a las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León, ha desatado un aluvión de cierre de entidades en la región y la consecuente pérdida de asistencia financiera. Según afirman, esto “está afectando de manera más grave a las poblaciones del entorno rural”.
Según los datos del último informe publicado por el Banco de España al respecto, estas plataformas señalan que “en 4.405 pueblos no existe ninguna entidad bancaria al finalizar el año 2020”, siendo Castilla y León “la comunidad más afectada por la pérdida de servicios”. Y es que, “nueve de sus provincias se encuentran entre las diez con mayor número de municipios sin oficinas bancarias”.
Se trata de un “nuevo agravio” para aquellos territorios que luchan contra la despoblación “de manera más acuciante”, afirman estas candidaturas. Las zonas rurales sufren, de esta manera, “una pérdida de servicios que perjudica las condiciones de vida dignas que demandan desde todos los rincones del estado”.
La ausencia de una sucursal o de un cajero hace que muchas personas tengan que recorrer varios kilómetros para acceder a una oficina bancario o a un cajero. Una operación tan simple como sacar dinero o mirar los últimos movimientos se convierte para estas personas en una auténtica odisea. Ante esto, reclaman que los habitantes de estos territorios sean considerados “usuarios vulnerables para la banca, por encontrarse en riesgo de exclusión”.
Muchas de las personas que viven en estas provincias son mayores, complicando todavía más la situación. No tienen los conocimientos o las habilidades para acceder a la banca online o realizar trámites elementales a través de las nuevas tecnologías. Esto deriva en que en numerosas ocasiones dependan de familiares o vecinos para realizar los trámites esenciales o para que le acerquen al servicio.
Además, a esto hay que añadir que en estos territorios el acceso a internet está limitado, “Sufrimos dificultades de conectividad que están agravando una brecha digital territorial”, lamentan las mencionadas candidaturas.
Por todo ello, reclaman que la actividad financiera sea considerada un servicio básico, garantizado por el Estado para toda la población, independientemente del lugar donde se viva, porque “ser pocos, no debe restar derechos”.
“La banca”, critican, “ha dejado a un gran número de personas vulnerables, dependientes y mayores abandonadas, presuponiéndoles unas destrezas digitales que no tienen, porque nadie se ha ocupado de su alfabetización, y suprimiendo el servicio por el que personal de la entidad se desplazaba a los pueblos en días concretos algunos días de la semana”.
Desde las candidaturas de la España Vaciada se han puesto sobre la mesa varias propuestas para solucionar esta cuestión. Entre ellas, fomentar la implantación de servicios de banca itinerantes o la instalación de cajeros multientidad en los municipios para realizar las principales transacciones.
Junto a estas propuestas desde la plataforma de la España Vaciada de Salamanca se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de “incrementar la tasa de ocupación de la vía pública” a aquellas entidades “que no garanticen la atención presencial a la gente mayor durante toda la jornada laboral”.
Según detalla, se busca “evitar la brecha digital” de los clientes de las zonas rurales “que ni siquiera cuentan con un acceso a internet de calidad”.
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