Un juzgado de Málaga ha dictado una sentencia en la que condena al Santander a afrontar costes por 1.990,31 euros, en los que se incluye el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), por un préstamo firmado hace cuatro años.
El juez condena al Santander a abonar esta cuantía por los gastos de notaría, registro, gestoría e impuesto de actos jurídicos documentados al declarar nula la cláusula financiera incluida en el referido préstamo hipotecario de junio de 2014.
En la sentencia, dictada el pasado 12 de noviembre por el Juzgado de Primera Instancia 18bis de Málaga, y contra la que cabe recurso de apelación, se señala que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados debe recaer en la entidad prestamista.
Según recoge la agencia Efe, a pesar de que se daba por hecho que la nueva normativa imponía el pago del tributo a los bancos a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el juez estima que la disposición del Gobierno “resuelve una laguna interpretativa” y, por tanto, y en cuanto tal, es “tácitamente retroactiva”.
