La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Al primero de ellos le ha impuesto una pena de seis años y dos días de cárcel por malversación y prevaricación, mientras que al segundo una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación por el caso de los ERE de Andalucía. La sentencia no es firme y puede ser recurrida al Supremo,
La decisión de la Audiencia se asemeje bastante a lo ya reclamaba la Fiscalía Anticorrupción, que pedía 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves –al final han sido nueve- y 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para Griñán –la sentencia incluye 15 y dos días de inhabilitación-.
El que fuera consejero de Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación, los mismos que a la ex responsable de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz, Magdalena Álvarez.
De los 21 cargos tan solo dos han sido absueltos, según recoge la SER: Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta, y Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta andaluza.
Fallo:
-Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía: Nueve años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación.
-José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía: Seis años y dos días de prisión y 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación.
-Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia: Nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
-Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda: Nueve años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación.
-José Salgueiro, exconsejero de Hacienda: Nueve años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación.
-Antonio Lozano, ex director general de Presupuestos: Nueve años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación.
-Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta: Absuelto.
-Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda: Seis años y dos días de prisión y 15 años de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación.
-Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta andaluza: Absuelto.
-Jacinto Cañete, exdirector general de IDEA: Ocho años, seis meses y un día de inhabilitación por delito continuado de prevaricación.
-Lourdes Medina, exsecretaria general de la Consejería de Empleo: Ocho años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación.
-Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación: Siete años y un dia de prisión y 18 años de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación.
-José Antonio Viera, exconsejero de Empleo: Siete años y un dia de prisión y 18 años de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación.
-Antonio Fernández, exconsejero de Empleo: Siete años, 11 meses y un día de prisión y 19 años y medio de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación.
-Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo: Siete años, 11 meses y un día de prisión y 19 años y medio de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación.
-Juan Márquez, exdirector general de Trabajo: Siete años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación.
-Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo: Siete años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación.
-Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación: Seis años y dos días de prisión y quince años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación.
-Miguel Ángel Serrano, exdirector general de la agencia IDEA: Seis años, seis meses y un día de prisión y 17 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación.
-Juan Francisco Sánchez, exsecretario general de Consejería de Empleo: Nueve años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación.
-Javier Aguado, exsecretario general de la Consejería de Empleo: Nueve años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación.
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