Se cumplen 155 días desde la aplicación del 155: esto es lo que ha pasado desde entonces

31 de marzo de 2018, Sábado Santo, día de luto para los feligreses. Hoy se cumplen 155 días desde que el Senado dio ‘luz verde’ a la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución. Desde entonces hasta hoy, ceses de altos cargos, control de la economía, parálisis institucional y falta de inversión en materias tan sensibles como la Sanidad y la Educación.

El Gobierno de Mariano Rajoy comenzó cesando al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a todo el Govern de Cataluña y convocando elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. La soberanía catalana se trasladó a La Moncloa y, a pesar de que la batuta está en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, las medidas políticas más relevantes las han ido tomando los diferentes órganos judiciales. La ‘judialización de la política’, lamentan los contrarios al 155.

El Tribunal Constitucional y el Supremo han sido quienes han dibujado principalmente el panorama actual de la política catalana, mandando a prisión a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva o impidiendo la investidura a distancia de Carles Puigdemont o la de Jordi Sánchez. Además de estas actuaciones, la detención en Alemania del expresident, basada en la euroorden dictada por el magistrado Pablo Llarena.

Más allá de las decisiones judiciales, desde que el Gobierno central se hiciera cargo de la política catalana, muchos sectores públicos han sufrido la paralización de inversiones, como la Educación o la Sanidad, donde los trabajadores acusan al Ejecutivo de haber dejado de invertir 25 millones de euros.

El trasvase de soberanía ha provocado que decenas de ayuntamientos lamenten también la imposibilidad de acceder a inversiones, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, donde Ada Colau no ha podido convocar todavía la oferta de empleo pública que tenía prevista para potenciar los servicios de la ciudad.

El Gobierno de Mariano Rajoy aplicó el 155 para, entre otras cosas, controlar las cuentas de la Generalitat. Según informes de la Guardia Civil, el Govern de Puigdemont utilizó dinero público para organizar un referéndum (1-O) considerado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Cabe destacar entre las decisiones del Ejecutivo el cese de varios altos cargos, como el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, relevado por Ferrán López, o Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont y directora general de Coordinación Interdepartamental hasta hace dos meses.

El artículo 155 ha sido utilizado también para liquidar organismos autonómicos como las 14 embajadas (menos la de Bruselas) internacionales y el Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña.

Cronología del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros de cada viernes ha sido el lugar donde el Gobierno ha acordado las medidas a realizar bajo el amparo del 155.

El 31 de octubre, el Ejecutivo realizó un Real Decreto sobre las normas para las elecciones del 21-D. Además, los miembros del Gobierno acordaron la supresión de la Secretaría para el desarrollo del autogobierno y la Oficina para la mejora de las instituciones de autogobierno y Comisión Interdepartamental para el desarrollo del autogobierno.

Ese día aprobaron el cese del secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, y de los delegados territoriales del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Cataluña Central y Alt Pirineu i Aran, además del cese del director del Instituto de Estudios del Autogobierno.

Durante muchos viernes, el Consejo de Ministros ha dado ‘luz verde’ a la modificación de diferentes partidas de los presupuestos autonómicos, que, evidentemente, están prorrogados.

En noviembre fue turno para algunos nombramientos, como el de Rosa Anna Castillo i Picas como directora general de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat o el de Miquel Mateo como director general de Centros Concertados y Centros Privados.

A mediados de diciembre, el Gobierno decidió dejar sin efecto los acuerdos de la Generalitat por los cuales se preveía centralizar en la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y en la Dirección General de Protección Social de la Generalitat, respectivamente, el pago de tributos de titularidad estatal y de cotizaciones sociales, en ambos casos correspondientes a entes del sector público catalán.

El último Consejo de Ministros del año, el del 29 de diciembre, el Gobierno firmó la adhesión de Cataluña al Convenio entre la Administración General del Estado y Farmaindustria.

Dos semanas después, el 19 de enero de 2018, el Ejecutivo decidió cesar a Elsa Artadi como directora general de Coordinación Interdepartamental y a Laura Borràs i Castanyer como directora de la Institución de las Letras Catalanas.

Febrero fue un mes donde la política catalana rebajó varios grados su temperatura. No hubo decisiones ni políticas ni judiciales que despertaran tanta animadversión como en otras ocasiones.

Una calma chicha que acabó a finales del mes de marzo. Dos semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara un Decreto Ley que autorizaba la recuperación inmediata del último tramo de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 para los funcionarios de la Generalitat, el Supremo mandaba a prisión a cuatro exconsellers y a Carme Forcadell.

Era el 23 de marzo. Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva fueron enviados a la cárcel de Estremera. Dolors Bassa y Carme Forcadell a la de Alcalá Meco. Dos días después, la policía alemana detuvo en la frontera con Dinamarca a Carles Puigdemont.

A partir de entonces, manifestaciones y movilizaciones que devuelven la política catalana a un primerísimo primer plano del que nunca llegó a salir.

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