Aragón ha sido una de las autonomías más criticadas por mantener el impuesto de sucesiones y donaciones, cuyos detractores entienden que muchas personas acaban renunciando a sus herencias por no poder pagar la tasa que conlleva. Establece el umbral exento de pago más bajo de toda España, en los 150.000 euros, y no lo ha modificado como Andalucía o Extremadura, donde ya no se tributa por encima del millón de euros heredado por persona.
No obstante, Aragón exime del impuesto a todos los herederos hijos menores de edad y personas con una discapacidad igual o superior al 65%.
Al otro lado, el paraíso de los ‘anti sucesiones’ es, desde 2015, Canarias, que decidió bonificar al 99,9% el impuesto para todos los herederos de tipo I y II (descendientes y adoptados menores de 21, o mayores que sean cónyuges, ascendientes y adoptantes del fallecido).
Ya nadie niega que la competencia fiscal a la baja de las autonomías al bonificar y facilitar excenciones a las herencias y donaciones ha generado un mapa desigual e injusto a lo ancho y largo del país.
Sin embargo, no se sostiene la idea de que el impuesto de sucesiones, para muchas voces uno de los tributos más progresivos, sea clave a la hora de renunciar a las transmisiones patrimoniales: según los datos del Consejo Nacional del Notariado, el porcentaje de herederos que renuncian a sus herencias en Aragón es considerablemente menor que en Canarias.
Es decir, aunque heredar en Canarias no conlleva casi ningún gravamen para la inmensa mayoría de los contribuyentes, el 10,5% de los herederos decidió renunciar a transmisiones patrimoniales en 2016, y un 10,8% lo hizo en el primer semestre de 2017.
En el caso de Aragón, un 7% de herederos renunció en 2016 y un 7,6% en los primeros seis meses de 2017, los últimos datos disponibles.
Tampoco disminuyen las renuncias en las regiones que han aumentado sus umbrales exentos, como Andalucía, que elevó hasta 250.000 euros la transmisión por cada heredero directo necesaria para pagar el tributo en 2017. De hecho, los abandonos han aumentado ligeramente desde entonces.
La proporción global de “renuncias pura y simple de herencia o legítima, incluída la futura”, como lo estipula el Notariado, ha aumentado progresivamente desde la crisis en toda España, lo que evidencia que el impuesto por heredar no es el único elemento en liza.
Mucho más claro es el efecto de la multiplicación de hipotecas y deudas asociadas a las herencias en la post burbuja y la dificultad para asumir impuestos asociados a los bienes inmuebles, como las plusvalías.
En cualquier caso, este impuesto recauda unos 3.000 millones de euros anualmente en todo el país. El Gobierno de Aragón sigue defendiendo que el gravamen es progresivo y no tiene intención de modificarlo sin tener a la vista otro tributo del que obtener ingresos públicos con el mismo efecto redistributivo.
Según analizábamos en este medio recientemente, algunas de las autonomías que más se lamentan del agravio económico en la financiación territorial dejan de recaudar cientos de millones al año por distintas bonificaciones autonómicas a los tributos cedidos, como el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o por el tramo autonómico del IRPF.
En el caso de Madrid, considerada también un paraíso para las sucesiones y donaciones, el porcentaje de renuncias a herencias es igual a la media y hasta un 20% superior al de Aragón.
Según el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, la supuesta eliminación del impuesto beneficiaría a algo más de 180.000 contribuyentes en todo el país, el 0,7% de toda la población. Y no es un 0,7% cualquiera, sino aquellos que, según las declaraciones del Impuesto de Patrimonio, poseen un capital conjunto sin deudas de 560 millones de euros. Gracias a las herencias de esas grandes fortunas el Estado ingresa cada año cientos de millones de euros, pero su recaudación depende igualmente de las políticas fiscales dispares de las comunidades autónomas.
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