Save the Children ha instalado hoy a las puertas del Congreso de los Diputados un aula para solicitar a los líderes y miembros de los diferentes grupos políticos que comiencen ya a hacer sus deberes para proteger a la infancia.
La ONG ha realizado esta acción para denunciar las consecuencias que el largo periodo sin gobierno está teniendo en los derechos de la infancia. La iniciativa, bajo el nombre #HacedLosDeberes, pide a todos los partidos y líderes políticos que empiecen a trabajar ya para poner en marcha las políticas que frenen la violencia contra niñas y niños, mejoren su acceso a la educación y reduzcan las tasas de pobreza en hogares con menores de edad.
“Es responsabilidad de nuestros representantes llegar a acuerdos para aprobar leyes y poner en marcha medidas a favor de los niños y niñas más vulnerables. Este periodo sin gobierno es tiempo durante el que se prolongan situaciones de desprotección de la infancia más necesitada, con casos de pobreza infantil, segregación escolar o violencia”, afirma Carmela del Moral, portavoz de Save the Children.
Del Moral destaca que “nuestros representantes empiezan el curso escolar con muchos deberes pendientes y el problema es que la inactividad política tiene consecuencias en el presente y el futuro de los menores. Mientras los partidos se enfrentan, niñas y niños víctimas de abuso sexual siguen día tras día en contacto con su agresor y sin protección, más de dos millones de menores viven en situación de pobreza y 1,5 millones de madres solas y 340.000 padres solos pasan dificultades para sacar adelante a sus hijos”,
Save the Children pide a los líderes políticos tener la suficiente altura de miras para situar a los niños y las niñas más desfavorecidos en el centro del debate político, así como para acordar e implementar de forma urgente medidas necesarias para su bienestar.
La organización recuerda a los políticos que “en la actualidad, una de cada dos denuncias interpuestas por abusos sexuales tiene como víctima a una niña o un niño y en lo que llevamos de año, al menos 20 menores han muerto por causas violentas en España”.
Pide a los diputados no olvidar que “700.000 hogares no cubren el coste mínimo mensual (entre 500 y 600 euros) para criar a un hijo en condiciones dignas ni para asegurar su desarrollo y bienestar”. A su vez, las tasas de segregación escolar están por encima de la Unión Europea, y en el caso de algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, son casi de las más altas del continente.
Y les recuerda que “a infancia necesita un Gobierno estable que garantice la aprobación de la Ley para Erradicar la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, un aumento progresivo de aquí a 2022 de la prestación por hijo a cargo hasta los 1.200 euros anuales, equiparar a las familias monoparentales con las numerosas y fomentar el acceso equitativo a la educación infantil, garantizando su gratuidad para las familias más vulnerables”.