Sindicato de enfermería
El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que un total de diez comunidades autónomas siguen aún sin volver a la jornada laboral de 35 horas semanales, trabajando 37,5; a pesar de haber transcurrido ya más de dos años desde que el Gobierno permitiese a las comunidades autónomas recuperar este derecho laboral, perdido en 2012.
Desde el sindicato subrayan que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas que dependen de los servicios de salud de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia sufren todavía el recorte impuesto hace ocho años con motivo de la crisis económica y deben trabajar 37,5 horas a la semana.
Además de no haber recuperado un derecho laboral que permite el Gobierno central desde 2018, Satse lamenta que se produce una situación de discriminación con respecto a sus compañeros que prestan sus servicios en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Euskadi y Navarra, donde «hace ya tiempo se recuperó la jornada de 35 horas a la semana», según apuntan desde la organización sindical.
«Es totalmente injustificable que hayan transcurrido ya más de dos años desde que los distintos gobiernos autonómicos se comprometieron a recuperar este importante derecho laboral sustraído durante los años de la crisis y todavía haya diez comunidades autónomas que sigan mirando hacia otro lado y no hayan dado respuesta a una justa y lógica demanda de sus trabajadores, máxime en momentos de especial sufrimiento laboral y pleno esfuerzo de los profesionales para garantizar la atención sanitaria y cuidados a los pacientes y ciudadanos», afirma.
Así, Satse destaca que la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales conlleva la generación de empleo y mejora la disponibilidad de los profesionales para atender a los pacientes, «lo que siempre redunda en unos cuidados y atención sanitaria más segura y de mayor calidad, además de mejores condiciones laborales para las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas».
La organización sindical recuerda que la ampliación de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, en 2012, se justificó como una necesidad inevitable dada la grave crisis económica que se vivía en aquel momento, pero, «ocho años después no tiene justificación alguna mantener una medida injusta y discriminatoria que, además, dificulta gravemente la conciliación laboral y personal de los profesionales afectados».
Así las cosas, desde Satse anuncian que seguirán exigiendo en las diferentes mesas y órganos de negociación de las diez comunidades autónomas afectadas que se propicie el cambio normativo necesario para que estos profesionales «no sigan viendo minusvalorado un trabajo, esfuerzo y dedicación, que está siendo mucho mayor y más sacrificado durante todos los meses de pandemia de la Covid-19».
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