Banco Santander
Santander UK ha colaborado con la FCA en una investigación civil y regulatoria sobre AML, centrada en la identificación, valoración y gestión de clientes autónomos más riesgo, entre los que se incluyen los llamados ‘Money Service Businesses’ (MSBs).
En concreto, la FCA ha impuesto una multa económica a Santander UK de 107,79 millones de libras, cuantía que se calcula por los ingresos obtenidos por el negocio de autónomos durante el citado periodo e incluye un descuento del 30% por el acuerdo alcanzado con el regulador, según ha informado el banco.
Los clientes autónomos representaban un 4% del total de la base de clientes de Santander UK en 2017, recoge Europa Press.
La investigación ha concluido con este acuerdo y no se esperan acciones adicionales en relación a este tema por parte de la FCA u otras autoridades. Se trata de un tema que detectó la auditoría interna de Santander UK a finales del año 2012. En 2013, se encargó un informe independiente sobre los controles y procesos, y se puso rápidamente en marcha un plan muy comprensivo de mejora para los años siguientes, que se fue actualizando constantemente.
La investigación, que abarca desde finales de 2012 a 2017, coincide con los años en los que Santander UK estaba en pleno proceso de integración de los bancos que compró en UK en plena crisis financiera, Alliance & Leicester y Bradford & Bingley.
La investigación de la FCA y el acuerdo con Santander UK se centra en seis clientes de más alto riesgo del negocio de banca de autónomos (de un total de más de 500.000 clientes). En concreto, ni el banco ni los clientes referenciados en la investigación han sido objeto de acusación penal.
La propia FCA en su informe “reconoce la envergadura y complejidad del programa de transformación llevado a cabo por Santander UK, que se ha extendido durante varios años y supuesto sustanciales recursos, incluyendo el aumento de las plantillas y la incorporación de expertos en materia de delitos financieros, de manera que se ha reducido significativamente la exposición del banco a los delitos financieros”.
“Santander se toma muy en serio su responsabilidad en la prevención del crimen financiero. Lamentamos que los procesos y controles de AML en la división de banca de autónomos entre 2012 y 2017, a los que se refieren las conclusiones de la FCA no fueran suficientes”, ha subrayado el consejero delegado de Santander UK, Mike Regnier.
“Aunque pusimos en marcha medidas para abordar los desafíos en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales en cuanto se identificaron, el marco de AML vigente en aquel momento debía haber sido más consistente”, ha reconocido.
“Desde entonces, hemos realizado cambios significativos en nuestra tecnología, sistemas y procesos para transformar nuestro marco de prevención. Hoy en día, más de 4.400 profesionales están dedicados a la prevención de los delitos financieros. Seguiremos invirtiendo en el futuro y haciendo todo lo que esté en nuestra mano para garantizar la seguridad de todos nuestros clientes y de las comunidades en las que operamos”, ha añadido, según la mencionada agencia.
El Grupo Santander, incluyendo Santander UK, ha asegurado que está “absolutamente comprometido” con la lucha contra los delitos financieros y continuará cumpliendo toda la normativa internacional aplicable en este ámbito y asegurando la efectividad de los controles existentes.
Los sistemas con los que cuenta ahora el banco en Reino Unido son robustos y en línea con los estándares de la FCA, después de que Santander UK pusiera en marcha un intenso proyecto de transformación de los sistemas de prevención y detección de los delitos financieros que ha sido supervisado por el consejo de administración y que ha supuesto la inyección de 700 millones de libras.
Los procesos y controles de AML son un reto importante para el sector financiero, por la rapidez con la que se suceden los cambios normativos para adaptarse a la aparición de nuevas formas de delitos financieros. En el Reino Unido, Natwest recibió el año pasado una multa de casi 265 millones de libras y, en su caso fue objeto, además, de una investigación criminal por fallos en sus controles y procesos.
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