Santander, Caixabank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones por la deuda de Castor

Banco Santander, Caixabank y Bankia, las tres entidades titulares de los derechos de cobro de la deuda derivada del cierre del almacén de gas Castor, han formulado este viernes ante el Gobierno una “reclamación de responsabilidad del Estado legislador” en la que solicitan la devolución del dinero aportado para la indemnización de 1.350 millones de euros abonada a la concesionaria de la instalación por su clausura, según publica el diario El País.

El Gobierno de Mariano Rajoy fijó en 2014 el pago de esta compensación a Escal UGS, la concesionaria de Castor, participada en un 66,7% por ACS, y el grupo que preside Florentino Pérez recibió entonces el importe. Posteriormente, los tres citados bancos adquirieron al operador del mercado del gas, Enagás, los derecho de cobro de la indemnización, a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. El pago de estos derechos, que asciende a unos 80 millones de euros anuales, se cargó a los consumidores en el recibo del gas por un plazo de 30 años.

Pero a finales del pasado diciembre, el Tribunal Constitucional declaró “nulos e inconstitucionales” algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que reconocía la compensación a Escal UGS, pues entendía que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”.

Tras ello, la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), que regula el mercado del gas, paralizó los pagos a la banca. “Como consecuencia de la anulación del artículo 5, se paralizan los pagos destinados a materializar el derecho de cobro contenido en este artículo y sus titulares dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones”, señalaba el organismo en el informe de la liquidación provisional del sector gasista.

Según las informaciones que publica El País, que cita fuentes jurídicas, Santander, Caixabank y Bankia exigen el pago de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más una cuantía por los daños causados. En el texto presentado, las entidades explica que la inconstitucionalidad del decreto no debe ocasionar pérdidas a quienes ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general, señalan las informaciones. Aseguran que, de no ser así, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras.

De acuerdo al diario, los bancos ofrecen al Gobierno de Mariano Rajoy alcanzar un acuerdo para que la devolución se abone de una manera flexible, para evitar un fuerte golpe en las cuentas del Estado o en los consumidores de gas.

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