Vista de la entrada principal del Hospital Universitario de Torrejón en Madrid.
En la misiva, la titular de Sanidad reclama una investigación “exhaustiva, independiente y transparente” que esclarezca si se han producido vulneraciones en el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, tras el audio de su CEO, Pablo Gallart, en el que daba instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables, según Europa Press.
“Resulta imprescindible que la Comunidad de Madrid esclarezca con urgencia si las órdenes reveladas han afectado a la actividad asistencial, a la derivación de pacientes, a los tiempos de respuesta quirúrgica o al cumplimiento de los compromisos contractuales que vinculan a Ribera Salud con el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)”, asevera García en la misiva.
La titular de Sanidad ha enviado este escrito a Ayuso un día después de que el El País publicara un audio de la intervención del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre.
“En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dice Gallart en ese audio. Asimismo, insta a “hacer iteraciones” –ajustes– para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”, según el audio publicado por este periódico.
Según expone García, si se confirman estas prácticas, constituirían “una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid”. En este sentido, subraya que esto “no puede ser ignorado por ninguna autoridad sanitaria”.
En caso de confirmarse, expone que la Comunidad de Madrid “está obligada” a activar los mecanismos previstos en la ley, incluido el inicio del procedimiento para extinguir la concesión del Hospital Universitario de Torrejón. “La ciudadanía madrileña tiene derecho a saber si un hospital público ha sido utilizado para maximizar beneficios privados a costa de su salud y, si así fuera, tiene derecho igualmente a que la gestión sea devuelta al ámbito público”, detalla, según la citada agencia.
Por otra parte, la ministra de Sanidad demanda que se verifique si las prácticas reveladas son aisladas o forman parte de “dinámicas más amplias” en el conjunto de centros públicos gestionados mediante concesión privada en la Comunidad de Madrid.
García solicita a la presidenta de la Comunidad de Madrid que informe al Ministerio de las medidas que va a adoptar, así como del calendario de actuaciones previsto, para garantizar la protección de los pacientes y la integridad del servicio público.
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