“Me permito recordar que el ordenamiento jurídico español es muy claro en este punto. El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público”, ha señalado García durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, recoge Europa Press.
La ministra ha señalado que todas las comunidades autónomas han ido dando pasos para aplicar el registro, salvo la Comunidad de Madrid. “Precisamente la comunidad donde el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo siguen derivándose a clínicas privadas”, ha añadido.
Ante esa situación, García ha recordado que el Ministerio de Sanidad activó los mecanismos legales previstos para garantizar que la ley se cumpla. “Y eso es lo que explica la reciente resolución judicial que obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para crear su registro”, ha indicado.
En este contexto, García ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que haya afirmado que su empeño personal es no aplicar ese registro. “Pues bien, el empeño personal de esta ministra es otro: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres”, ha apuntado.
“En España las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada quién. Se cumplen. Punto. Y las resoluciones judiciales, exactamente igual, se acatan”, ha recalcado García.
Tras ello, ha anunciado que en los próximos días el Ministerio enviará una carta a todas las comunidades autónomas solicitando información detallada sobre cómo están organizando esta prestación, según la citada agencia.
“Para conocer qué centros con servicios de ginecología y obstetricia realizan interrupciones voluntarias del embarazo, cuál es la distribución de profesionales objetores y qué medidas de gestión están adoptando para garantizar que el servicio se presta de forma efectiva”, ha detallado.
