Los días anteriores a la celebración de la Conferencia de Presidentes han estado marcados por la amenaza de los ‘barones’ del PP de un posible plante al Gobierno en este foro por desacuerdos en el orden del día, aunque los populares finalmente han garantizado su presencia en esta cumbre de Barcelona.
Y es que el Gobierno y las comunidades del PP protagonizaron un nuevo desencuentro en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, en la que no consiguieron aprobar el orden del día para esta cumbre, recoge Europa Press.
Ante esto, las comunidades del PP remitieron este lunes una carta al Ministerio de Política Territorial en la que insistían en solicitar que se incluyeran hasta diez puntos en el orden del día, amenazando con la posibilidad de plantar al Gobierno en esta Conferencia de Presidentes.
El Gobierno, en respuesta, anunció el martes que incluiría en el orden del día de la reunión todos los temas que las comunidades del PP exigían, lo que llevaría a abordar un total de 16 temas diferentes, seis que ya se habían consensuado y otros diez que han logrado incluir los de Alberto Núñez Feijóo.
Financiación, apagón, infraestructuras
En concreto, los presidentes del PP solicitaron incorporar estos puntos en el orden del día de la Conferencia de Presidentes: la reforma de la financiación autonómica; lucha contra la ocupación; un plan energético para evitar apagones; control de fronteras y política migratoria; inversiones para evitar el caos ferroviario; el déficit de profesionales sanitarios; la financiación del primer ciclo de educación infantil y la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía.
El Gobierno anunció que aceptaba íntegramente los puntos propuestos por el PP y, además, añadió otros temas como migración (como pedía Canarias), así como la vivienda y la formación profesional, tal y como planteó inicialmente Moncloa.
Lenguas cooficiales
Una de las novedades de esta Conferencia de Presidentes de Barcelona es que los mandatarios autonómicos que lo deseen podrán hacer sus intervenciones en las lenguas cooficiales, ya que para ello se ha dispuesto de un servicio de traducción simultánea. Pese a no estar en el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, el Gobierno ha adelantado su intención de permitir el uso de las lenguas cooficiales dentro del foro, con una traducción simultánea para el resto de los miembros, tal y como habían solicitado Cataluña y Euskadi, según la citada agencia.
Eso sí, ya hay algunos líderes autonómicos como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha mostrado sus reticencias a ponerse un pinganillo e incluso ha sugerido que se levantará del órgano multilateral si no le hablan en castellano.
Del mismo modo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ve “ridículo” y “absurdo” que se tengan que usar pinganillos, mientras que el Gobierno de Castilla y León ha culpado a Moncloa de “priorizar” las lenguas cooficiales a la posibilidad de acuerdos.
Propuesta de Sánchez en vivienda
Moncloa informó esta semana de que Sánchez planteará a las comunidades triplicar la inversión pública en vivienda, alcanzando los 7.000 millones en los próximos cuatro años, a la vez que propone crear una base pública de precios de alquiler y compra/venta de inmuebles.
El jefe del Ejecutivo remitió una carta a los presidentes autonómicos para que la Conferencia de Presidentes sirva para debatir la aprobación de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda.
En este contexto, propone basar este acuerdo en diversos compromisos, como el de triplicar la inversión pública en vivienda, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025 a unos 7.000 para el periodo 2026-2030.
Asimismo, el presidente del Gobierno plantea a las comunidades “acabar con el monopolio de la información de los portales privados” y crear una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad.
“Solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa”, defiende Moncloa.
