El Gobierno quiere dar cumplir el acuerdo del Congreso de los Diputados que en 2017 pidió sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, dado que el dictador no falleció en la Guerra Civil ni fue represaliado posteriormente, sino que murió de manera natural a los 82 años.
Así lo ha avanzado este lunes la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, en declaraciones recogidas por Europa Press. Afirma que el PSOE estudiará instar al Gobierno a hacer suya una proposición de ley presentada por los socialistas a finales del año pasado, y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy vetó porque estimaba que aumentaba el crédito presupuestario en más de 200 millones de euros.
La número dos de Pedro Sánchez ha señalado que es intención del Gobierno impulsar una mejora de la actual Ley de Memoria Histórica “en los términos” en que el PSOE la propuso como grupo parlamentario. “Daremos cumplimiento a lo que el Congreso ya decidió que se hiciera”, ha asegurado.
Se refiere así a una proposición no de ley aprobada en mayo de 2017, que sirvió de base para una PL registrada posteriormente por el PSOE, y que fue avalada por todos los grupos salvo PP y ERC, que se abstuvieron.
“El Gobierno va a intentar hablar con todos”, ha dicho Calvo, subrayando no obstante que ya existe un acuerdo en la Cámara sobre este tema. Aquel acuerdo instaba al Gobierno a ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
También pedía convertir el Valle de los Caídos en un lugar para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática, enfocado a dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Así, solicitó también exhumar el cadáver de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, para sacarlo del altar mayor de la basílica y trasladarlo a un lugar “no preeminente” del templo situado junto a El Escorial, dado que él, a diferencia de Franco, fue ejecutado en el inicio de la Guerra Civil.
Otra de las propuestas que aprobó el Congreso fue excluir todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda a Franco, su dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas.
Como recoge Europa Press, urgía también al Gobierno a crear una Comisión de la Verdad, como recomendó Naciones Unidas, para determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, sobre todo las desapariciones forzadas.
Igualmente el Congreso avaló pedir el estudio de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana y reclamó establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las del franquismo, así como fomentar incluir la memoria histórica en los contenidos educativos.
Para revitalizar la Ley de Memoria, exigió reanudar las políticas públicas en esta materia con su correspondiente dotación económica, volver a expedir declaraciones de reparación a las víctimas y constatar, en su caso, la ilegitimidad de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos del franquismo.
