El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está convencido de que no habrá “justicia social si no hay justicia fiscal, sin que contribuya más el que más tiene”. Así lo ha defendido en su comparecencia este martes en el Pleno del Congreso en la que ha detallado sus planes para el Ejecutivo. Un programa que pasa, entre otras cosas, por prohibir futuras amnistías fiscales. “Desafortunadamente no podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, pero sí podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías”, ha afirmado el líder del PSOE.
Sánchez ha anunciado que su gobierno va a presentar un anteproyecto de ley de prevención y de lucha contra el fraude fiscal “para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de defraudadores a los responsables solidarios, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir nuevas leyes de amnistía fiscal”.
Antes ha recordado que fue el Grupo Parlamentario Socialista quien presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que la amnistía fiscal del Gobierno del PP “era ilegal e injusta”. Algo en lo que se ha reafirmado a tenor del “fracaso recaudatorio” que cosechó esta medida.
Dicho esto Pedro Sánchez ha destacado que la amnistía del PP contó en su día con una “sentencia dura, durísima”. “El Constitución declaró nula la amnistía, pero también se pronunció sobre la irretroactividad de la misma”, ha explicado el presidente del Gobierno, que ha admitido que “desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía”. “Esa imposibilidad”, ha continuado, “afecta a la publicación de los nombres de las personas que se acogieron a la misma”. Lo que choca de lleno con lo que prometió en su día.
Previamente el jefe del Ejecutivo ha manifestado que “si el anterior gobierno no hizo otra cosa que subir los impuestos a la clase media y trabajadora, el nuevo no elevará los impuestos a los ciudadanos de a pie, pero sí va a exigir un mayor esfuerzo fiscal a los grandes conglomerados empresariales”.
Entre sus “prioridades” está una “fiscalidad que tenga en cuenta el impacto de las compañías tecnológicas, que no pagan impuestos”; así como un rediseño del Impuesto de Sociedades. “No no resignamos a que las pequeñas y medianas empresas tengan tipos efectivos superiores a los grandes conglomerados empresariales de nuestro país. Esto no es justo”, ha afirmado Sánchez, que ha anunciado que propondrá “que el tipo efectivo de las grandes corporaciones se acerque al nominal y en ningún caso sea inferior al 15%. Eso se llama justicia fiscal”.
Asimismo, y “en consonancia con las resoluciones del Pacto de Toledo”, el presidente del Gobierno ha insistido en la necesidad de “una figura impositiva finalista vinculada al sector financiero que complemente las cotizaciones a la Seguridad Social y contribuya a sostener el sistema público de pensiones”. Una medida ampliamente rechazada en las filas bancarias.
En materia de vivienda el presidente del Gobierno ha asegurado que “es hora de rescatar una auténtica política” al respecto “también al servicio de la ciudadanía”. En concreto, en lo que se refiere a los alquileres. Al respecto Sánchez ha detallado que quiere “elevar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de 3 a 5 años”, “limitar las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar una vivienda” y “ajustar la definición de arrendamientos de temporada para excluir de la ley de arrendamientos urbanos la vivienda turística”.
El presidente del Gobierno también ha adelantado su intención de “constuir” un nuevo Pacto de Toledo. Algo para lo que “tiende la mano” a todos los grupos parlamentarios”. “La sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones”, ha remarcado Sánchez, “se debe asentar en un cambio de modelo productivo en el que el peso de los salarios recupere el vigor de la mano de obra en contratación indefinida”.
Este nuevo Pacto de Toledo debe girar en torno a cuatro ejes. Según ha detallado el jefe del Ejecutivo, es necesario “racionalizar el gasto de la Seguridad Social y reforzar el equilibrio financiero del sistema”, “garantizar la suficiencia de las pensiones”, “promover las medidas que requilibren la brecha de protección entre hombres y mujeres” y “mejorar la acción protectora del sistema”.
“La mayoría de la sociedad nos ha trazado de forma clara un camino y es el de la actualización de las pensiones conforme al coste de la vida”, ha afirmado el líder del PSOE, que confía en que todos los partidos trabajen para ello.
Asimismo, Sánchez ha insistido en su decisión de introducir en el ordenamiento jurídico el consentimiento expreso en la tipificación de los delitos sexuales. “Si dice no es que no y no dice que sí es que no”, ha defendido el presidente del Gobierno, que ha llamado a “acorralar a los que accorralan”. En su opinión, es necesario “tener las calles libres de manadas”.
Otro de los anuncios realizados este martes por el presidente del Gobierno se refiere a que las comunidades autónomas contarán con dos décimas más para su objetivo de déficit público de cara al año que viene. De esta manera, se pasará del 0,1% del PIB previsto por el Ejecutivo de Mariano Rajot al 0,3%. Esto se traduce en 2.400 millones de margen fiscal para las administraciones autonómicas.
Junto a esto, Sánchez ha adelantado que este este jueves 19 de julio tendrá lugar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar esta cuestión, que se aprobarán el viernes el Consejo de Ministros.
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