Respiro para Pedro Sánchez. El Gobierno ha logrado este miércoles sacar adelante el real decreto para desmantelar la llamada “república digital catalana”, que permite, entre otras cosas, cerrar webs y servidores. Y lo ha hecho, gracias al apoyo del PP y de Ciudadanos, que han votado a favor en la Diputación Permanente del Congreso. Unidas Podemos, por su parte, se ha abstenido.
Los morados evitan, de esta manera, escenificar un choque directo con el PSOE después de que hace unas semanas firmaran un preacuerdo para un Gobierno de coalición progresista. Sin embargo, con quién sí ha tenido algo más que un roce es con ERC. Y todo, en vísperas de la reunión que este jueves mantendrá Adriana Lastra con Gabriel Rufián.
Los republicanos catalanes no han sido los únicos que se han desmarcado de este real decreto, que Sánchez se sacó de la manga en plena carrera electoral al 10-N, sino que también el resto de sus socios en la pasada moción de censura. Las críticas al Gobierno se han sucedido a lo largo de todo el debate por parte de partidos, como el PNV, Más País, Bildu o JxCat.
“No vamos a apoyar este real decreto”, afirmaba el diputado de Compromís Joan Baldoví, que denunciaba que “la calidad democrática se está viendo perjudicada por las últimas leyes” y recordaba que “primero fue la ley mordaza, luego reforma código penal y ahora el decreto que permite intervenir internet”.
Bildu ha compartido este ‘no’, ya que “nos sitúa en un estado de excepción judicial”. “Estamos ante un nuevo recorte de libertades”, ha lamentado Mertxe Aizpurua, que ha calificado esta medida como “la ampliación de la ley mordaza a las nuevas tecnologías”.
“De la ley a la patada en la puerta pasamos a la ley Sánchez, la ley de patada en el servidor sin orden judicial”, ha censurado, por su parte, Laura Borràs, de JxCat, que ha arremetido contra el Gobierno por este “golpe de estado digital”. Desde el PNV, su diputado Mikel Legarda ha puesto en duda la “urgencia” para aprobar este real decreto, mientras que ERC ha bautizado esta iniciativa como una “ley mordaza digital”. A todas estas críticas se ha sumado Vox, que ha defendido que “la Constitución ya tiene mecanismos” al respecto.
Unidas Podemos, no sin críticas, se ha abstenido. Y lo hacen después de que, según afirman los morados, hayan logrado que la ministra Nadia Calviño tome nota de los cambios propuestos encaminados para que cuente con “mayores garantías judiciales y que se protejan las libertades y derechos fundamentales”.
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