“Quienes llevan siete años pidiendo elecciones y mi dimisión se han apresurado a eso, a pedir elecciones anticipadas y mi dimisión”, ha destacado Sánchez, quien ha admitido que “yo mismo he considerado esas opciones”. “En los primeros momentos de la crisis me pareció incluso la solución más sencilla para mí y mi familia”.
Sin embargo, ha continuado, “comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción”. “Por eso quiero decir a los ciudadanos que no voy a tirar la toalla y vamos a continuar”, ha asegurado. Y lo va a hacer, en primer lugar, porque “soy un político limpio que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos”. “Entiendo que haya ciudadanos que tengan dudas sobre lo que sabía y lo que no, pero yo no las tengo”, ha señalado.
Asimismo, ha dicho que continúa porque aspira a “recuperar la confianza de los grupos que han venido apoyando la acción del Gobierno”. Sánchez ha reconocido que “no están siendo días fáciles para esos grupos que apoyaron mi investidura, están bajo mucha presión”. Unos socios que han dado una prórroga a Sánchez, aunque dejando abierta la puerta a elecciones si escala el escándalo.
“Mi error fue confiar en él”
“Mi error fue confiar en él, confiar en ellos (en alusión también a Ábalos), y lo hice porque estaba convencido de que era una personas íntegra, comprometida con la causa socialista”, ha reconocido Sánchez, quien ha remarcado que “la traición de unos pocos no pueden manchar al resto”.
Tras las primeras informaciones acerca de supuesta participación de Cerdán en el caso Koldo, ha explicado, le convocó para “conocer su versión”. “Lo desmintió todo, me aseguró que eran acusaciones infundadas y yo le creí”, ha relatado el presidente del Gobierno, que pensó “que estaba haciendo lo correcto”, pero “me equivoqué”.
Paquete de 15 medidas contra la corrupción
En su comparecencia en sede parlamentaria el presidente del Gobierno ha anunciado un plan estatal de lucha contra la corrupción con 15 medidas ante el escándalo de Cerdán. Un conjunto de iniciativas, ha detallado, que contempla listas negras de corruptores y la retirada de subvenciones públicas a partidos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción. También la creación de una agencia “de integridad pública” para luchar “de forma independiente contra la corrupción”.
“Tendrá funciones clave en prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas”, ha añadido Sánchez, que ha explicado que este conjunto de iniciativas se ha diseñado conjuntamente con la OCDE e incorpora propuestas de la Comisión Europea. Entre ellas, la puesta en marcha de una “Agencia de Integridad Pública independiente”, que asumirá las funciones clave en la “prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas”.
Introducir aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para “automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude”, así como la exigencia de sistemas de ‘compliance’ anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las administraciones, son otras de las iniciativas de este plan estatal.
Además, ha detallado Sánchez, la nueva Ley de Administración Abierta reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado. En este sentido, se establecerán controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.
Respecto a los partidos políticos, se establece la obligación de auditorías externas e independientes y una mayor transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción.
Protección a denunciantes
Otra de las medidas es incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un Juez a denunciar actos de corrupción, cuente con “garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal”. Se exigirá a las empresas tener canales internos de denuncia y se obligará a todas las administraciones públicas a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.
Más penas para los corruptores y retirara de subvenciones a partidos
A todo esto hay que añadir la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, y el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y la remisión a las Cortes Generales del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal.
También se endurecerán las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y se duplicarán de los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales.
«Si queremos acabar con la corrupción, tenemos que perseguir a los corruptos, pero también a los corruptores«, ha continuado Pedro Sánchez, «porque detrás de cada mordida hay alguien que recibe, pero también hay alguien que paga». En este punto, habrá, además, una “lista negra” con empresas condenadas por corrupción para impedir que puedan seguir contratando con la Administración.
Dentro de los partidos, recoge el endurecimiento de las sanciones por infracciones contables y retirada de subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.
El Gobierno, según Sánchez, ha acordado con la OCDE un sistema de seguimiento y evaluación, que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses, y emitirá un dictamen técnico que será de dominio público.
