El presidente Sánchez aborda los riesgos de la IA en el empleo y la necesidad de su democratización.
Sánchez ha hecho estas declaraciones en la cumbre de Impacto de la IA en Nueva Delhi (La India), donde se encuentra de viaje oficial, y ha explicado los avances que ha realizado España en el desarrollo de este tipo de herramientas y su legislación.
“La IA debería expandir la libertad humana, la democracia y los derechos y no socavarlos”, ha señalado el presidente en un foro presidido por el presidente Narendra Modi, recoge Europa Press. Así, ha pedido combatir la IA “para el mal” porque, según ha afirmado: “el progreso sin ética no es progreso, y la innovación sin propósito no es liderazgo, es una fracaso”.
Sánchez ha hecho énfasis en la “democratización” de la IA con especial atención a la concentración de poder para que no esté “en manos de unos pocos”. Estas declaraciones se producen después de que Sánchez haya mantenido varios choques con los dueños de empresas tecnológicas, especialmente el propietario de X, Elon Musk, aunque en esta ocasión no se ha referido directamente a los que tilda como “tecnoligarcas”.
En materia militar considera que debe ser una herramienta que se ajuste a la ley y “contribuya a la paz y la seguridad internacional” y ha felicitado a la ONU por la creación de un Panel de Expertos en IA cuya primera reunión acogerá España, según la citada agencia.
También se ha mostrado partidario de establecer salvaguardas capaces de afrontar “el impacto y los riesgos” que genera la IA en el mercado laboral y a nivel medioambiental y dice que España defiende una IA segura, transparente y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además Sánchez ha expuesto el impulso del Gobierno para incentivar y difundir la inteligencia artificial en los sectores público y privado “como resultado de una estrategia clara, basada en una inversión pública sostenida, la cooperación europea y un firme compromiso con la construcción de soberanía tecnológica”.
Finalmente, ha subrayado que la OCDE ha reconocido a España su aplicación en la administración pública con el objetivo de mejorar los servicios, reducir la burocracia y hacer más eficiente el Estado.
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