Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid
El departamento de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid cuenta con una intensa actividad. Aparte de tener que gestionar las cuentas municipales, el delegado de esta área, Carlos Sánchez Mato, se ha marcado el objetivo de auditar la gestión que realizó el Partido Popular cuando estaba al frente de la ciudad. Un trabajo del que espera no tener consecuencias.
Las auditorías encargadas por el actual equipo de gobierno, unidas a las investigaciones policiales y a las conclusiones de órganos fiscalizadores como la Cámara de Cuentas han destapado ocho años (2003-2011) de dudas sobre la gestión en el Ayuntamiento de Madrid. Algo que está investigando Sánchez Mato y por lo que desea no encontrase una cabeza de caballo cortada en su cama, tal y como sucede en El Padrino.
El delegado de Economía y Hacienda ha ironizado con el deseo de no toparse con esta escena tras denunciar “procedimientos mafiosos”, según ha recogido Europa Press, como la denuncia del convenio firmado por el Ayuntamiento gobernado por el PP con Madrid Trophy Promotion para la celebración del Mutua Madrid Open. Un movimiento de Ahora Madrid que ha provocado todo un huracán en el Consistorio ante las críticas de la oposición por cómo se gestionó la denuncia.
“Todos y todas las que denunciaron casos de corrupción, que hoy tienen al PP encausado por hechos gravísimos, han sufrido cosas peores”, ha recordado Sánchez Mato. Y es que la lista de bajas, por ejemplo, en el ‘caso Gürtel’ es cuanto menos reseñable. Pese a ello, el concejal de Manuela Carmena ha celebrado que en su caso es “un afortunado” y que, como mucho, solo espera “no encontrar en mi cama una cabeza de caballo cortada, que podría ocurrir, porque pueden ir hasta ahí los procedimientos mafiosos de una organización que está preparada para delinquir”.
En cuanto a la denuncia por el convenio para el torneo de tenis, Sánchez Mato ha llevado al Pleno el “progresivo e injustificado” aumento del importe total aportado por el sector público a la empresa MTP al pasar de 1,7 millones de euros en 2006 a 10,4 millones en 2010. Unos datos a los que ha unido la “ausencia de transparencia” en el proceso de contratación, así como a la “complicación de la fiscalización”.
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