El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Complejo de la Moncloa. (Fotos: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)
Así lo ha señalado el propio Sánchez en conversación informal con los periodistas en el tradicional encuentro con la prensa en Moncloa de final de año, donde no ha dado fechas de los encuentros, que se celebrarán por separado, aunque dice que prefiere que la reunión con Puigdemont se lleve a cabo una vez que se apruebe la citada norma, que ya ha iniciado su trámite en el Congreso.
El jefe del Ejecutivo también ha asegurado que habrá foto de esos encuentros y considera que es un paso coherente con el proceso de negociación que ha iniciado con estas fuerzas políticas, con las que el PSOE selló sendos acuerdos para asegurarse el apoyo a la investidura del líder socialista.
Hasta el momento Sánchez no había admitido abiertamente que se produciría una reunión con Puigdemont, a pesar de que desde Junts lo daban por hecho y el pasado jueves el secretario general, Jordi Turull, dijo públicamente que se produciría este encuentro. En ese momento Sánchez se limitó a decir que ese encuentro no estaba en su agenda.
Según avanzó entonces Turull, la reunión con Puigdemont se llevaría a cabo fuera de España –Puigdemont todavía tiene causas pendientes con la Justicia española– y en ella no participará el mediador internacional que el PSOE aceptó incorporar para supervisar las negociaciones entre los socialistas y Junts.
Sánchez descarta además que se vaya a producir un coste electoral negativo para el PSOE y pone el ejemplo de la pasada legislatura en la que aprobó los indultos a los dirigentes separatistas condenados. A pesar de las críticas, el PSOE mejoró sus resultados y en las elecciones del 23 de julio logró un millón de votos más que en las anteriores generales, según remarca, recoge Europa Press.
La norma pasó su primer examen en la Cámara baja este mes de diciembre con 178 votos a favor y empezará su trámite en la Comisión de Justicia del Congreso en el mes de enero. El objetivo de los socialistas es apurar los plazos para que la ley llegue al Senado en febrero y como el PP piensa dilatar los plazos en la Cámara alta hasta el máximo de dos meses que permite la Carta Magna, no se prevé que esté en vigor antes de mayo.
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