Según destaca, el seguimiento de la evolución de las tarifas realizado “pone de manifiesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha incumplido su reiterada promesa de que la factura anual igualaría la del último año que gobernó Mariano Rajoy”. Tal y como recuerda Facua, el jefe del Ejecutivo se comprometió en septiembre en una entrevista a El País a que “todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado”.
Tras un análisis, la asociación revela que la factura de 2021 ha sido un 20,5% más cara que la de 2018, con una diferencia de 190 euros. “Ese año ascendió a 926,16 euros, lo que supuso una media de 77,18 euros mensuales”, explica.
Facua apunta que el año que finaliza ha superado, en un 16,4%, a 2012, “cuando el usuario medio pagó 958,41 euros, con una media de 79,87 euros al mes”. En cuanto al recibo de este diciembre, continúa, “ha sido el más caro a nivel histórico, alcanzando los 140,62 euros, 20 euros por encima del de octubre, que hasta ahora tenía el récord”.
El Gobierno se pliega al oligopolio
Dicho esto, critica que este Gobierno “también se haya plegado a los intereses del oligopolio energético y siga sin acometer nuevas medidas para reducir las tarifas eléctricas una vez que se han mostrado claramente insuficientes las llevadas a cabo en junio -bajada del IVA- y septiembre -bajada de los cargos regulados y el impuesto especial sobre la electricidad-”.
“Los recortes en los beneficios caídos del cielo de las eléctricas han sido finalmente muy inferiores a los miles de millones prometidos por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera”, asegura.
Ante esto, la asociación insiste en la necesidad de que el Ejecutivo de coalición imponga durante al menos seis meses un descuento mínimo del 50% en la factura eléctrica sometida a la tarifa semirregulada PVPC de la “inmensa mayoría de familias, excluyendo sólo a las de rentas más altas”. “Descuento que, al igual que el actual modelo de bono social, correría a cargo de las principales energéticas que operan en España de manera proporcional a sus cuotas de mercado”, defiende.