La inflación, ha insistido Sánchez, será “coyuntural, no estructural” por la guerra de Ucrania y el Gobierno mantiene que habrá una bajada del IPC “muy abrupta” de 2022 a 2023.
Lo que no ha garantizado es la subida de salarios de los funcionarios. El líder del Ejecutivo ha recordado que los sueldos de los empleados públicos se revisarán en el marco del pacto de rentas que negocian patronal y sindicatos con el Gobierno para repartir el coste de la actual crisis.
Según el Banco de España, que calcula una inflación media del 7%, la revalorización para 2023 de acuerdo con el IPC supondría un coste extra de 12.600 millones de euros, una cifra que supera la nómina mensual de esta partida. Tomando como punto de partida el gasto aproximado en pensiones en España y una inflación media para el conjunto del año 2022 de un 7% (noviembre sobre noviembre), cada punto que se elevan las pensiones por la revalorización supone 1.800 millones a las cuentas públicas.
Otros cálculos superan estas estimaciones. De acuerdo con el economista de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea Miguel Ángel García, el impacto presupuestario por la vinculación al IPC superaría los 15.000 millones de euros, el equivalente a una paga y media extraordinaria de la nómina de las pensiones. Así que el gasto público total podría ascender a 188.500 millones de euros, un 14% del PIB,
De esta forma, el gasto público total en pensiones se situaría el próximo año en el entorno de los 188.500 millones de euros, un 14% del PIB, frente al 12,3% de 2019, cuando se encontraba en la media de los países de la zona euro.
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