“La intención del Gobierno es respetar los tiempos de la democracia y celebrar las próximas elecciones en el año 2027, cuando tocan”, ha afirmado Pedro Sánchez ante la ofensiva de los presidentes autonómicos del PP para anticipar esta cita en las urnas. Lo ha dicho ante la propuesta del presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, de que la próxima reunión sea en el Principado.
El jefe del Ejecutivo ha agradecido su ofrecimiento y ha instado al resto de autonomías de interesadas a presentar también sus candidaturas. “Habrá ocasión para todas. Porque la intención del Gobierno es respetar los tiempos de la democracia y celebrar las próximas elecciones en el año 2027, cuando toca”, ha señalado.
Junto a Moreno Bonilla, otros barones autonómicos del PP han usado su tiempo en esta Conferencia de Presidentes para exigir un adelanto electoral. Entre ellos, el responsable de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha pedido la convocatoria de elecciones para “poner fin a la situación que está viviendo España”.
Sánchez pide dejar “la crispación en el perchero”
Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha insistido en su propuesta para alcanzar un acuerdo estatal de vivienda que, por ejemplo, triplique la inversión pública en este ámbito, pasando de los 2.300 millones del periodo 2022-2025 a unos 7.000 millones para los próximos cinco años.
Además, ha mostrado su disposición a poner el 60% de este dinero (unos 4.000 millones) siempre y cuando las comunidades asuman una mayor corresponsabilidad sobre esta competencia y pongan el 40% restante.
Blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas de protección pública financiadas con fondos estatales y la creación de una base de datos pública que permita a la ciudadanía y a las Administraciones conocer los precios reales de compra-venta o alquiler son otras de las medidas que contempla este pacto.
Junto a esto, ha propuesto crear un modelo integrado de autorización y supervisión de estos centros privados de FP y ha anunciado un nuevo programa dotado de 175 millones para garantizar el acceso a la educación infantil gratuita del alumnado de familias con rentas bajas.
Antes de concluir, ha apelado a los presidentes autonómicos a dejar “la crispación en el perchero o este encuentro servirá para muy poco. Lo cual sería una pena”.
