Sánchez promete más recursos para las comunidades y anuncia más impuestos a los ricos

“En este curso”, ha señalado Sánchez, “vamos a trabajar por la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que consoliden y expandan la inversión pública que venimos realizando durante estos últimos seis años”. De esta manera, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará de nuevo el techo de gasto, primer paso para la elaboración de las cuentas de 2025, para su remisión al Parlamento”.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha apuntado que seguirá “avanzando en una fiscalidad más progresiva” con impuestos “que graven más a quienes más tienen”. Y esto pasa por impuestos a los ricos.

“Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen ciertas élites de nuestro país y vamos a gravar fiscalmente para quien tiene en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas”. Según Sánchez, “lo haremos,  no para perjudicar a millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadores de un sistema que sigue siendo injusto”.

Respecto a la financiación autonómica, el Gobierno impulsará “la creación de sistema más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que atienda las singularidades de cada uno de los territorios y que garantice la suficiencia del gasto público y exija la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos”. “La descentralización, que forma parte del ADN federal y autonómico de nuestro Estado”, ha asegurado, “es perfectamente compatible con garantizar la solidaridad y equidad entre territorios”.

Así se ha comprometido a que con la reforma del sistema de financiación autonómica que pondrá sobre la mesa “todas y cada una de las comunidades del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el PP”. La intención de Moncloa pasa por “duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución, que es el fondo de compensación territorial”, ha explicado.

Medidas en materia de Vivienda

“Si España hoy tiene un problema de vivienda es por el fracaso de las políticas neoliberales de las últimas décadas, por el abandono de la intervención pública, la renuncia a la regulación pública”, además de por “la renuncia a la inversión y construcción de vivienda pública”. Así lo ha defendido Pedro Sánchez, quien ha retirado su apuesta por impulsar el parque público de vivienda y “perseguir” la especulación.

El Gobierno trabajará para que la vivienda “sea un derecho de todos y no un negocio de unos pocos”. En este sentido, ha manifestado que “esto tiene mucho que ver” con las competencias de las comunidades, por lo que la vivienda será el eje de la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos que tendrá lugar en Cantabria.

“No podemos obligar a las  comunidades y a los ayuntamientos gobernados por el PP o por PP y Vox a hacer lo que no creen”, ha admitido, pero “hay otras muchas cosas que el Gobierno puede y hará, aunque ello implique incomodar, enfadar a especuladores, grandes tenedores, poderosas plataformas digitales que están convirtiendo nuestras casa en hoteles ilegales”, ha advertido.

Cumbre España-Palestina antes de acabar el año

El presidente del Gobierno ha anunciado también la celebración antes de que acabe el año de una cumbre bilateral con Palestina tras reconocer el Estado palestino a finales del pasado mes de mayo.

Asimismo, ha reiterado que España continuará apoyando al pueblo gazatí y “presionando” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “en la Corte Penal Internacional”.

Dardos a Ayuso, a Moreno y a Mazón

En su arranque del curso político, Sánchez ha arremetido contra la gestión de algunas comunidades gobernadas por el PP. En concreto, contra Madrid, Valencia y Andalucía. El jefe del Ejecutivo ha criticado la gestión de los servicios públicos llevada a cabo por Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno y Carlos Mazón, tratando a los mismos como “mercancía” y no como “derechos”.

Así ha recriminado a la Comunidad de Madrid el desvío de 1.000 millones del erario público a la sanidad privada, a la Comunidad Valenciana los recortes en residencias de mayores y Andalucía los tijeretazos en educación pública.

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