La polémica se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya ordenado iniciar los trámites para crear este registro previsto en la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo.
El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid vuelve así a situar en el centro del debate la aplicación de la Ley del aborto en el sistema sanitario público.
Sánchez afirma que la negativa de Ayuso responde a una decisión política personal que limita el ejercicio de derechos en Madrid
Sánchez acusa a Ayuso de incumplir la ley del aborto
En un mensaje publicado en la red social X, Pedro Sánchez señaló directamente a la presidenta madrileña por mantener su negativa a aplicar la normativa.
“Seamos claros: es un empeño personal de la presidenta que las mujeres no puedan ejercer sus derechos en Madrid”, afirmó el presidente del Gobierno.
El jefe del Ejecutivo reprochó además a Isabel Díaz Ayuso que siga “negándose a cumplir la Ley del aborto”, incluso después del pronunciamiento del tribunal madrileño.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado iniciar los trámites para crear el registro de objetores
El TSJM ordena iniciar los trámites del registro
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha instado a la Comunidad de Madrid a iniciar el procedimiento para la creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia al aborto.
Este instrumento está previsto en la legislación para organizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar que el servicio sanitario pueda prestarse con normalidad.
El Ejecutivo madrileño sostiene que el tribunal no ha resuelto todavía el fondo del litigio
La Comunidad de Madrid cuestiona el alcance del fallo
Desde el Gobierno regional defienden que el tribunal aún no ha entrado “al fondo” de la cuestión jurídica.
Según la interpretación del Ejecutivo autonómico, la resolución judicial únicamente obliga a iniciar trámites administrativos sin resolver definitivamente el debate sobre la obligación de crear el registro.
Este desacuerdo mantiene abierto el choque institucional entre la Administración central y la Comunidad de Madrid sobre la aplicación de la normativa.
El presidente del Gobierno asegura que el Ejecutivo actuará para garantizar los derechos en todo el país
El Gobierno asegura que llegará “hasta el final”
Ante esta situación, Pedro Sánchez ha advertido de que el Ejecutivo continuará defendiendo la aplicación de la legislación en todo el territorio nacional.
“Llegaremos hasta el final para garantizar los derechos y las libertades de las mujeres en todo el territorio español”, concluyó el presidente del Gobierno.
La disputa política y jurídica sobre el registro de objetores vuelve así a poner de relieve las diferencias entre administraciones sobre cómo aplicar la Ley del aborto en el sistema sanitario público.
