Se alquila
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que dirige Isabel Rodríguez ha publicado en el BOE la relación de zonas de mercado residencial tensionado que han sido declaradas en virtud del procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en el segundo trimestre de 2025.
En concreto, se declaran zonas tensionadas los municipios navarros de Pamplona/Iruña, Tudela, Valle de Egüés/Eguesibar, Burlada/Burlata, Barañáin/Barañain, Zizur Mayor, EstellaLizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin/Antsoain, Villava/Atarrabia, Corella, Valle de Elorz/Elortzibar, Cintruénigo, Baztan, Altsasu/Alsasua, Huarte/Uharte, Berrioplano/ Berriobeiti, San Adrián, Peralta/Azkoien.
A estas hay que sumar, “a solicitud del ayuntamiento”, el municipio de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado. También Donostia/San Sebastián y Galdakao (Distrito 2).
Este mecanismo supone la contención de los precios de los alquileres a través de las rebajas de contratos a los inquilinos y bonificaciones fiscales para propietarios.Además, se establece un plan de acción para incrementar la oferta y reducir la tensión en el plazo de tres años.Los datos de la aplicación en Catalunya demuestran que la medida funciona: en el primer año se redujo el precio de los contratos un 4,9% en zonas tensionadas y se firmaron más de 11.000 nuevos contratos en Catalunya
Este mecanismo establece una serie de bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos y limita la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento al tener que estar ajustados al precio del contrato anterior.
Asimismo, establece un índice de precios de referencia para los precios de los alquileres de la vivienda, “que se fundamenta en los alquileres declarados en la zona”, y “sobre el que todos aquellos grandes tenedores de vivienda están obligados a fijar los precios de sus contratos”, recuerda el departamento de Isabel Rodríguez en una nota.
Además, se establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.
Desde Vivienda destacan que la aplicación de las zonas tensionadas “favorece a los inquilinos”, pero “también a los pequeños propietarios que son buenos caseros y ponen sus propiedades en alquiler respetando el índice de referencia”. En este sentido, afirma que “se pueden deducir hasta el 90% de lo que ingresen por esos alquileres si bajan los alquileres un 5%”.
“Los datos de la aplicación en Cataluña demuestran que la medida funciona”, ya que “en el primer año se redujo el precio de los contratos un 4,9% en zonas tensionadas y se firmaron más de 11.000 nuevos contratos” en la comunidad.
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