Salvemos la Atención Primaria reivindica ante el Defensor del Pueblo que la espera máxima para una cita sea de 48 horas

Según ha explicado el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, Gabilondo se ha mostrado «preocupado» por la situación de la AP y ha abierto la posibilidad de realizar recomendaciones y la realización de un informe específico al respecto.

En concreto, desde la plataforma se han realizado cuatro principales reivindicaciones. En primer lugar, destaca «garantizar una respuesta asistencial en 48 horas para acabar con las demoras de las citaciones actuales».

Junto con esta medida, Sánchez-Bayle ha abogado ante Gabilondo por «dar un protagonismo mayor a la atención presencial, que es indispensable en muchos casos por motivos claramente clínicos y debido a las condiciones de la población que demanda la asistencia sanitaria». «Aunque lógicamente manteniendo la atención telefónica en situaciones que sean razonables y cuando los usuarios lo demanden», ha puntualizado.

La tercera propuesta de las organizaciones es «incrementar el presupuesto destinado a Atención Primaria para que alcance al menos el 25 por ciento del gasto total del sistema sanitario».

En este sentido, la plataforma cree que «habría que tener en cuenta la gran variabilidad entre comunidades autónomas, de manera que no se prime a aquellas que han decidido destinar menos dinero, ni se penalice a quienes destinan más».

«Por ello, se precisa que el esfuerzo presupuestario sea distinto en cada comunidad y se reparta entre el Gobierno central y las CCAA. Para ello, la necesaria inversión suplementaria debería repartirse entre las comunidades y el Gobierno al 50 por ciento: en las primeras de manera proporcionalmente inversa al dinero que actualmente dedican y en el Gobierno teniendo en cuenta la población de cada una de las CCAA», explican.

Por último, piden «utilizar este incremento de recursos para aumentar de manera significativa el personal de Atención Primaria». Según Sánchez-Bayle, se necesitarían «unos 8.000 médicos, 15.000 enfermeros y 10.000 de unidades administrativas».

«Nos acercarían a las medias de los países de nuestro entorno y que serían necesarios para garantizar unos centros de salud abiertos, accesibles, que den prioridad a las consultas presenciales y próximos a toda la población y sin listas de espera», detallan desde la plataforma.

El portavoz de FADSP ha agregado que también habría que incorporar a «diverso personal de apoyo, fisioterapia, logopedia, odontología, matronas…». «Ahora no están disponibles o son solo accesibles por derivación externa, y con inauditas demoras», denuncian.

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