Ante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud monográfica sobre Atención Primaria que se celebra hoy y mañana en Canarias, consideran que «siempre es positivo que se aborde la problemática de AP en el Consejo Interterritorial pero siempre y cuando no vuelva a quedarse en unas nuevas declaraciones de buenas intenciones más o menos grandilocuentes. La AP precisa hechos y de manera urgente».
Así, instan a «recuperar lo recortado en los últimos años, incrementando el presupuesto (hasta el 25% del total) y las plantillas de personal», así como «garantizar unos centros de salud abiertos, accesibles, próximos a toda la población y sin listas de espera».
Junto a esto, piden «dar prioridad a las consultas presenciales, fundamentales para lograr una eficaz relación profesional/paciente y una atención de calidad», «incrementar significativamente la enfermería comunitaria e incorporar nuevos profesionales a los equipos», «aumentar el personal de las áreas de admisión y formarlo adecuadamente», «desmedicalizar la Atención Primaria y ofertar opciones de cuidados con una orientación comunitaria y sociosanitaria».
También insisten en la necesidad de «mejorar la relación con el nivel hospitalario, potenciar los Procesos Asistenciales como base de la atención de salud, coordinados desde la Atención Primaria»; «desarrollar la orientación comunitaria en los centros de salud con la colaboración de Salud Pública y la consideración de los determinantes sociales de la salud»; o «trasformar las Áreas de Salud para que se conviertan en el espacio para la integración de todas las actuaciones y actividades de salud, dotándolas de instrumentos para la planificación y gestión participativa».
«Si no se adoptan actuaciones concretas y urgentes en estos aspectos de poco valdrán más documentos ni estrategias rimbombantes. Necesitamos soluciones ya, porque la Atención Primaria está en serio peligro ante la inacción de las administraciones sanitarias, y si se hunde la Atención Primaria lo hará inevitablemente la Sanidad Pública, y se pondrá en peligro el derecho de la población a una atención sanitaria de calidad», remachan.