El presidente de Sacyr, Manuel Manrique
Las acciones de Sacyr se desploman en el mercado continuo tras recibir un nuevo varapalo sobre el Canal de Panamá. La empresa española deberá abonar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en torno a 85 millones de euros, según recoge el último laudo, que condena al conjunto del consorcio encargado del tercer juego de esclusas a pagar 206 millones.
Las acciones de Sacyr tardaron en poder cotizar y cuando lo hicieron, llegaron a desplomarse más de un 25%. A media tarde, el castigo se veía algo limitado, aunque era todavía de un 21% hasta dejar las acciones en 1,60 euros. En el acumulado del año, la empresa se deja un 37% de su valor en bolsa, que se queda por debajo de los 1.000 millones de euros.
El grupo que preside Manuel Manrique señaló en un comunicado remitido este domingo que cuenta con una “sólida posición financiera” que le permitirá atender la parte que le corresponde del resultado del laudo, “sin comprometer sus proyectos actuales ni su plan de crecimiento futuro”.
El consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), en el que Sacyr participa con un 41,6%, deberá devolver en torno a 206 millones de euros (240 millones de dólares) a la Autoridad del Canal de Panamá después de la decisión de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), que contradice la resolución anterior del DAB (Dispute Arbitration Board) y que reconoció 265 millones de dólares al consorcio.
Esta reclamación suponía el 8,8% del total de las interpuestas por Sacyr y sus socios en el consorcio encargado de la ampliación del canal (en el que participaba junto a la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA).
El laudo de ICC sobre el basalto -conocido el pasado viernes- sí reconoce al consorcio 21,5 millones de euros (25 millones de dólares aproximadamente) en concepto de gastos adicionales de laboratorio y por la existencia de fallas no detectadas en el terreno.
GUPC se adjudicó en 2009 el contrato de diseño y construcción de las nuevas esclusas (inauguradas en junio de 2016) por 2.740 millones de euros (3.118 millones de dólares), aunque el coste final resultó ser mucho más alto, lo que dio lugar a varias reclamaciones.
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