Banco Sabadell
La próxima entidad en formalizar el recurso contra el gravamen sería Abanca, tal y como publica el diario ‘El País’. En enero, el presidente de este último banco, Juan Carlos Escotet, ya anunció que recurriría el «anticonstitucional» impuesto.
A mediados de este mes de febrero, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) presentaron sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional impugnando la orden publicada por el Ministerio de Hacienda por la que se aprobaban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen temporal a la banca.
Para presentar los recursos, las patronales se basaron, fundamentalmente, en el dictamen que el Banco Central Europeo (BCE) publicó a principios de noviembre de 2022, en el que se cuestionaban distintos aspectos del gravamen al considerar que podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria, añadiendo que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades y expresando la importancia de que pueda repercutirse a los clientes.
El BCE también advertía en aquel momento de que la aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas «podría falsear la competencia del mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria».
Sin embargo, la impugnación de la liquidación del impuesto debe realizarla cada entidad de forma individual, y es lo que han comenzado a realizar las entidades afectadas, como es el caso de Sabadell, Bankinter y KutxaBank. Esta última entidad lo hizo a través de su entidad Cajasur y solicitó medidas cautelares, si bien fue antes de que la Audiencia Nacional rechazase la petición de Repsol de suspender temporalmente los impuestos tanto a banca como a energéticas. En cambio, Sabadell no ha solicitado medidas cautelares.
Por su parte, las tres grandes entidades españolas, Santander, BBVA y CaixaBank, todavía no han impugnado el tributo, aunque durante las presentaciones de las cuentas de 2022 ya adelantaron que estudiarían la posibilidad de recurrirlo.
Este tributo entró en vigor a finales de 2022 con el objetivo de gravar los principales ingresos que la banca ha obtenido en el ejercicio pasado y empezar a recaudar en 2023. El objetivo del Gobierno es recaudar 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024, es decir, 1.500 millones de euros cada año.
La Agencia Tributaria ha recaudado ya 637 millones de euros a través del pago anticipado del impuesto, cuyo plazo máximo ha finalizado el 20 de febrero, según anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado martes. La autoliquidación definitiva de los nuevos tributos (con el pago del 50% restante) se presentará del 1 al 20 de septiembre.
Este nuevo impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturen más de 800 millones en 2019 y se circunscribe a la actividad que las entidades desarrollen en España.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha justificado esta medida ante los beneficios «extraordinarios» que la banca ha conseguido y obtendrá por las subidas de tipos que el BCE está aplicando para frenar la elevada inflación.
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