La normativa, fruto de casi 400 legisladores que representan los cinco grupos parlamentarios, prohíbe las operaciones de cambio de sexo, la administración de medicamentos que facilitan esta transición y la adopción de niños para personas transgénero.
Además, permite cancelar un matrimonio en que uno de los cónyuges haya cambiado de sexo.
Fuera del ámbito de esa ley quedan las intervenciones médicas para tratar anomalías congénitas, así como enfermedades genéticas y endocrinas que están relacionadas con la formación de órganos sexuales en niños.
El Gobierno aprobará el procedimiento de licencias y la lista de entidades que podrán realizar tales intervenciones por decisión de una comisión médica.
La diputada Tamara Frólova, del partido gobernante Rusia Unida, comentó el jueves que «el futuro del país debe construirse sobre familias sanas y la educación sana de los niños, no en los juegos europeos a la democracia que hace tiempo ha derivado en degradación universal».
El presidente de la Duma rusa, Viacheslav Volodin, calificó de inadmisible en mayo pasado la práctica de centros médicos privados que por unos 30.000-60.000 rublos (330-660 de dólares al cambio actual) expiden certificados para cambiar el género en el DNI.
