Roger Torrent junto al resto de miembros de la Mesa del Parlament.
Las negociaciones de Junts per Catalunya y ERC para investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat se han enfriado aún más desde el pasado viernes. Los reproches entre ambos partidos independentistas han acabado con los intentos de consensuar una estrategia conjunta para desatascar el inicio de la legislatura.
Según recuerda Europa Press, la primera fricción pública se produjo el 30 de enero con la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de investidura. Aquello no gustó al partido de Puigdemont y la relación desde entonces no hizo más que empeorar.
El pasado viernes JxCat decidió presentar en solitario una reforma de la Ley de la Presidencia para investir a Puigdemont a distancia, pese a que ERC había advertido días antes de que no veía con buenos ojos la iniciativa porque entendía que abría un nuevo e innecesario contencioso con el Estado.
Fuentes de las dos formaciones consultadas defendían ayer a la misma agencia admiten que no ha habido encuentros desde entonces, aunque públicamente han afirmado que las negociaciones no están rotas y que esperan volverse a ver próximamente.
Sin embargo, la formación que lidera Puigdemont ha defendido en declaraciones a El Mundo que da por rotas sus relaciones con los republicanos: ha sido el núcleo duro de Puigdemont, a cargo de los diputados Elsa Artadi y Eduard Pujol, el que estalló al conocer que Torrent impedía tramitar la modificación de la Ley de Presidencia para que pueda contemplarse la reelección de Puigdemont desde Bélgica.
“Las relaciones están totalmente rotas”, afirman desde JxCat a El Mundo. Públicamente, Pujol criticó que Pujol que el presidente de la Cámara está actuando de forma “arbitraria y unilateral” al tomar la decisión de no tramitar la modificación de la ley.
La propuesta de ERC es llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la decisión del Constitucional de impedir la investidura de Puigdemont, pero Torrent rechaza aprobar leyes que puedan acarrear causas por desobediencia como ocurrió con la anterior líder de la cámara, Carme Forcadell, al aprobar las leyes de desconexión.
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