Se trata de la primera demanda penal que se presenta contra la empresa por contratar supuestamente falsos autónomos, explican los querellantes en un comunicado. Añaden que, tras la reciente reforma del Código Penal, “se abre la puerta a juzgar la persistencia de este tipo de delitos”.
“Creemos que, después de decenas de sentencias (incluida la del Supremo), dos años de la Ley Rider y una reforma del Código Penal, éste no debía de recaer en el observatorio y las entidades colaboradoras (Taxi Project 2.0 y RidersxDerechos); es decir, en los trabajadores”, indican, según Europa Press.
