La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera
«Esto no es razonable de ninguna de las maneras», ha lamentado Ribera, criticando que, aunque «es muy probable» que este tipo de prácticas puedan ser legales, considera que «no se ha mostrado ninguna empatía social».
Esta tecnología, ha señalado, no se ve afectada por el encarecimiento del gas ni tampoco por los derechos de CO2, factores más señalados para explicar el encarecimiento de la electricidad. Sin embargo, ha sido la generación de electricidad hidroeléctrica, y no las centrales de ciclo combinado (que recurre al gas natural), la energía más cara y la que ha marcado el precio en el mercado mayorista en el 65% de las horas de junio, del 64% de las de julio y del 59% de las de agosto.
Para este martes, cuando se prevé un nuevo récord histórico en el precio de la electricidad, más de 130 euros por megavatio/hora, esta tecnología marca el precio (y, por tanto, es la más cara) en 17 de las 24 horas del día.
Esto responde, ha explicado la vicepresidenta tercera, a la posibilidad de las eléctricas concesionarias de las centrales de «interiorizar el coste de oportunidad» en una escalada de los precios de la electricidad. «Sabemos que es muy probable que lo que han hecho es perfectamente compatible con el diseño mayorista, con la posibilidad de interiorizar el coste de oportunidad», ha dicho Ribera.
También ha recordado el vaciado de embalses, una «escandalosa» reducción del caudal que, según ha explicado, «no es descartable que sea compatible» con las condiciones de explotación de esas centrales, con lo cual también tendría cobertura legal.
En todo caso, por mucho que estas operaciones puedan ser legales, Ribera cree que «esto no es razonable de ninguna de las maneras». «No se ha mostrado ninguna empatía social», ha lamentado la ministra responsable de energía, que confía en que esta situación «se vaya corrigiendo».
«Aunque suena a broma, la empatía cotiza en Bolsa», ha dicho la vicepresidenta, señalando que los inversores de las grandes compañías «responden por principios de sostenibilidad social también».
Para hacer frente a estas situaciones, ha dicho que el Gobierno «está trabajando ya» en la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas para «tener orden» en este tipo de concesiones. Este artículo recoge el control de los embalses y las facultades de las confederaciones hidrográficas para la gestión de estas centrales.
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