Revés del Supremo al plan de listas de espera de Cifuentes: anula varios pactos de gestión

Los pactos de gestión se convirtieron en una de las medidas estrella de la Comunidad de Madrid cuando Cristina Cifuentes llegó al poder en 2015. Con ellos, el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, pretendía aligerar las listas de espera aumentando la actividad de los quirófanos. Los sindicatos sanitarios no tardaron en oponerse al calificarlos de ‘peonadas’ o de horas extras mal pagadas. El Tribunal Supremo ha hablado este jueves y se ha posicionado en contra del Gobierno madrileño.

El Alto Tribunal en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha respondido a favor del recurso de CCOO contra el rechazo a impugnar 44 pactos de gestión que se realizaron en 2015 en varios hospitales madrileños. De esta manera, el Supremo ha anulado las sentencias del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 24 de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se opusieron a anular los citados pactos de gestión.

En concreto, los magistrados han considerado que los pactos de gestión suponen una alternación de las condiciones laborales de los trabajadores, la cual debía haber sido objeto de negociación colectiva con los sindicatos. Algo que no sucedió y que el Supremo ha reprochado. CCOO insistió en que la medida vulneraba el derecho constitucional de representación sindical y negociación colectiva porque no se había tratado en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Así, la organización sindical buscó impugnar las ‘peonadas’ que se realizaron a finales de 2015 en el Hospital Ramón y Cajal, en el Clínico San Carlos, en el 12 de Octubre, en La Paz, en el Gregorio Marañón, en El Escorial, en Getafe, Móstoles, Puerta de Hierro, Severo Ochoa y en la Unidad Central de Radiodiagnóstico. Y este jueves el Supremo ha insistido en que la negociación colectiva “no debe quedar excluida cuando los aspectos en que consista y que afecten a las condiciones de trabajo sean de adscripción voluntaria”.

De hecho, el Alto Tribunal hasta en su sentencia señala que “para dar sentido a la palabra ‘pacto’” deben participar los propios profesionales de cada servicio, en el momento en el que se tocan las condiciones laborales, por lo que es “exigible una negociación a esos efectos y que satisfaga las exigencias deducibles del artículo 28.1 de la Constitución en relación con su artículo 37”.

Sin embargo, el reproche del Supremo a la Comunidad de Madrid no se ha quedado ahí. Los magistrados han destacado que los pactos “no se negociaron pero tampoco se consultaron”, como exige el Estatuto Marco de los Empleados Públicos, “entendiéndose por consulta recabar un parecer antes de adoptar una decisión”.

Fuentes de la consejería de Sanidad han informado al diario ABC que están estudiando la sentencia. Según han destacado, el temor que existe gira en torno a si el revés afectaba sólo a los pactos firmados en 2015 o a los siguientes, ya que se renuevan varias veces al año.

La dura crítica de los profesionales

Asociaciones como AFEM, tal y como alertaron en EL BOLETÍN, ya apuntaron que los pactos de gestión para la lista de espera quirúrgica tenían grandes lagunas. «Son pactos no pactados, poco voluntarios, que abusan de contratos precarios, que han quebrado servicios quirúrgicos ofreciendo un estándar de calidad inferior a la cirugía en horario ordinario que cuenta con el número de profesionales apropiados por proceso», denunció Carlos Castaño, presidente de la mencionada asociación.

Pese a las críticas de los sindicatos, el Gobierno de Cifuentes viene celebrando durante meses que la reducción de la lista de espera quirúgica tiene un culpable: los pactos de gestión. Castaño volvió a la carga contra la medida: “Los pactos de gestión realmente han sido un fracaso. Se dice que ponen los quirófanos a trabajar por la tarde y el resultado en un año es de 516 pacientes menos en la lista y es posible que el médico ni lo cobre”. Castaño recuerda que “el consejero ha pagado mal y tarde e incluso aún no ha terminado de pagar algunas jornadas”.

Por su parte, el sindicato médico AMYTS también censuró la medida estrella de Cifuentes al entender que, aparte de que «no están ayudando a reducir la lista de espera», tan sólo «han servido para crear un nuevo tipo de operación quirúrgica de ‘segunda división‘, de menos calidad en el servicio». De hecho, los retrasos en los pagos de estas ‘peonadas’ ya estaba «generando cierto descontento».

«El problema es que únicamente hay un precio cerrado en los procedimientos quirúrgicos. En ningún sitio está regulado cuánto cobra cada profesional, ya que cada jefe de servicio lo reparte como quiere. Por eso acudimos a los tribunales, porque no se negociaron unas cuotas estándar de participación, cuánto debe cobrar el anestesista, cuánto el cirujano», resumió Julián Ezquerra, secretario general de la organización sindical, en un artículo de El Confidencial.

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