Los seis sindicatos con representación en la mesa de negociación del Ministerio de Justicia (CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA) han arremetido contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su actitud en la crisis del Covid-19. Estas organizaciones reprueban su actuación y, en especial, la de su presidente, Carlos Lesmes. En su opinión, este órgano “se ha atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales”.
Según afirman en un comunicado conjunto, el Poder Judicial “ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia.
Para estas seis organizaciones sindicales, los comités de seguimiento Covid-19, creados en el seno de los Tribunales Superiores Judiciales por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo, “carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en las materias anteriormente mencionadas”. “En consecuencia, sus acuerdos son nulos y carecen de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia”, afirman.
Ante esto, denuncian “la táctica de sabotaje empleada por la Comisión Permanente del Consejo para impedir el cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones del Ministerio y las comunidades con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia”. “Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo, el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia”.
Asimismo, critican que la “injerencia” del CGPJ “está poniendo en riesgo la salud de los miles de funcionarios/as de Justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias, mientras recomienda a los jueces y magistrados que trabajen desde casa gracias a los equipos informáticos prestados por la Administración y de los que no dispone el resto del personal de Justicia”.
Estos sindicatos recuerdan que “aún no se ha disculpado ante los 55.000 empleados/as públicos de Justicia por las descalificaciones vertidas en su comunicado del pasado 19 de marzo en el que se les acusaba de falta de profesionalidad”. “Lamentamos que un órgano constitucional del Estado no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria”, destacan estas organizaciones.
Dicho esto, llaman al Ministerio de Justicia y a las comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia a que “continúen poniendo freno a esta irresponsabilidad del CGPJ”.
