Reducir la lista de espera de la dependencia en un 28% generaría más de 25.000 puestos de trabajo y ampliaría el universo de beneficiarios en torno a 100.000 personas, según cálculos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
La organización ha celebrado que las partidas para dependencia consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 aumenten un 34,4%, hasta los 2.359 millones de euros, y el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales suba hasta los 100 millones de euros.
Ahora bien, la asociación reclama que este aumento presupuestario vaya acompañado de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera.
«Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura o a seguir maquillando las listas de espera, con servicios low cost», advierte en un comunicado.
En opinión de esta asociación y tal y como establece el Plan de choque y el pacto de Estado por la Dependencia, «la lista de espera debe ser la prioridad», ya que la media de espera en España para los dependientes es de 15 meses, pero es más del doble o llega hasta dos años en algunas comunidades y sólo en tres regiones es inferior a seis meses.
Al mismo tiempo, la organización pide reforzar en más de 2.000 profesionales los servicios sociales locales o de atención primaria e incrementar las ayudas de emergencia social.
También considera preciso acometer reformas en la normativa nacional y autonómica para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar su intensidad, agilizar los trámites, simplificar y unificar los procedimientos, y regular el copago.
A su juicio, los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional deben incrementar su presupuesto propio para evitar la desigualdad territorial en el desarrollo del sistema de la dependencia.
«Las nueve comunidades que este año han disminuido en número de beneficiarios deben recuperar esa tasa de reposición y se deben ocupar las 15.000 camas en centros residenciales que han quedado vacías desde el inicio de la pandemia, máxime cuando hay 95.915 personas con grado III y II en el limbo de la dependencia», reclama.
Asimismo, ve necesario que comunidades autónomas y entidades locales eleven sus presupuestos para prestaciones básicas, cuyo coste anual es de casi 1.000 millones de euros.
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