Aula de un colegio
CCOO ha presentado un Recurso Contencioso-Administrativo contra las instrucciones de la Comunidad de Madrid de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021. Para el sindicato son “claramente ilegales” y “no se limitan a concretar cómo aplicar una disposición general ya existente, sino que innovan el ordenamiento jurídico”. “Es decir, son normas de alcance general en sí, aunque ninguna ha seguido los trámites preceptivos para su elaboración, tramitación y aprobación”, critica.
Según destaca Comisiones ninguna de las instrucciones dadas al respecto por el Gobierno regional se han publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad. “No observan el principio de transparencia ni el de la obligada participación que establece el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) al suponer una modificación de las condiciones de trabajo del profesorado de los centros públicos”, afirma este sindicato. “En definitiva, esta forma de regular el principio jurídico de curso contraviene el ordenamiento jurídico”.
A esto hay que añadir que las Viceconsejerías autonómicas “no tienen potestad para dictar disposiciones generales”. “Aunque traten de revestir estas instrucciones de apariencia de órdenes de servicio, entre otras cuestiones, tienen trascendencia no sólo para los empleados y empleadas públicas, sino para todos los trabadoras y trabajadores de los centros privados (el caso de la Resolución sobre prevención e higiene), para el alumnado, e incluso para las familias”, advierte.
Asimismo, continúa en una nota, “se arrogan la competencia de decidir el alcance o categorización de la situación sanitaria, incluso de determinar el ‘confinamiento’”. “Sin embargo, encontramos que, por contraste con estos excesos, no se establecen medidas concretas ni eficaces para la protección de la salud, incurriendo en una alarmante dejación de funciones que pone en riesgo la salud del alumnado y del profesorado, así como la salud publica en su conjunto”, asegura CCOO.
Dicho esto, ve “enormemente llamativo” que se fijen los “grupos estables de convivencia” en Educación Infantil, Primaria y Especial, “que no son otra cosa que los grupos completos con las ratios al máximo (25 alumnos/as más la Maestra/o) en los que se puede “socializar dentro del aula sin mantener la distancia interpersonal establecida de un metro y medio, ya que conforman grupos de convivencia estable (…), asemejándolos en su funcionamiento a un grupo familiar o de convivientes”.
“Tal analogía es un absoluto disparate, puesto que, según este silogismo, cualquier grupo que coincida en un espacio cerrado durante un tiempo es un grupo familiar o de convivientes a estos efectos sanitarios, lo que conduciría a la supresión total tanto de la distancia interpersonal como de las mascarillas; llevaría, en suma, a la práctica abolición de las medidas sanitarias de prevención”, sostiene Comisiones.
Las instrucciones de inicio de curso para los centros públicos “no contemplan ni permiten rebaja de ratio alguna ni medidas de flexibilización organizativas ni organización del trabajo”, lamente este sindicato, que lleva este asunto a los tribunales.
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