La moratoria salió adelante en el Pleno de diciembre con el apoyo de PP, Cs y Vox al apoyar la ordenanza de Limpieza. Más Madrid ha detallado en un comunicado que recurren la disposición final de la ordenanza de Limpieza porque “modifica la Ordenanza de Movilidad vía enmienda, por la puerta de atrás”.
Las cautelares las solicitan porque estiman que “no se puede esperar a la sentencia, que saldría pasado este tiempo, siendo los perjuicios causados a la salud de los ciudadanos irreparables”.
Más Madrid basa su recurso en dos argumentos. El primero es que, “al tratarse de una medida regresiva, era necesario un informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad, que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni ha pedido ni se ha realizado”.
El segundo argumento indica “que la modificación de la ordenanza de Movilidad Sostenible para permitir que los coches más contaminantes sigan entrando en Madrid Central en 2023 se ha hecho por la puerta de atrás, sin posibilitar que los ciudadanos puedan realizar alegaciones”, recoge Europa Press.
El grupo político que lidera Rita Maestre ha criticado que, con esta moratoria, “los intereses en conflicto ceden a favor del interés general y, en este caso, prima la salud”, a lo que unen que “la UE ha sentenciado recientemente que las medidas para la calidad del aire no se pueden demorar”.
El recurso presentado por Más Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, subraya que, “si no se suspenden los efectos para el interés general serán de imposible reparación, siendo irremediables los efectos para miles de personas que causaría la entrada de los vehículos contaminantes en el centro de la ciudad. La relación entre tráfico, contaminación y salud está más que aceptada por la comunidad científica y es la base de numerosas normativas y políticas públicas”.
Más Madrid ya presentó en enero una demanda contra la ordenanza de Movilidad aprobada por PP, Cs y Grupo Mixto por presuntamente vulnerar el principio de no regresión ambiental. Está a la espera de sentencia. En esa demanda, el grupo municipal denunciaba la excepción que permite que los comerciantes autoricen hasta tres coches cada uno, “es decir, 57.402 nuevos vehículos autorizados, un 40% más que con Madrid Central”.
También incluía “otras regresiones, como la excepción dada a los vehículos históricos, la nueva moratoria para los vehículos ligeros con clasificación ambiental B y la inclusión de dos nuevas calles de libre circulación”.
