Rodrigo Rato, expresidente de Bankia
Rodrigo Rato ha vuelto a los tribunales. Esta vez para declarar por el supuesto fraude en el cobro de conferencias. Y un mensaje ha querido trasladar el expresidente de Bankia: que está sufriendo un “claro caso de discriminación” ya que “otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores a las mías” no se les ha atribuido delito fiscal alguno.
Según ha relatado el exvicepresidente del Gobierno, Hacienda decidió recurrir a la vía penal contra su proceder con estas conferencias, cuando en otros casos los ha resuelto de forma administrativa. De hecho, Rato ha defendido que sus cobros fueron completamente legal, al igual que hacen “muchas otras personas”.
En este sentido, el exdirectivo de la entidad bancaria ha recordado en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla que desde 2002 es “plenamente legítimo facturar a través de empresas” este tipo de actividades. Según investigó la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio de 2014, el exministro la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y su exmujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) un total de 1,7 millones de euros tras su salida del FMI.
Los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción consideran que el expopular habría defraudado en el ejercicio de 2012 un total de 672.329 euros. Este jueves, como ha recogido la Agencia EFE, Rato ha tachado de “falsa” dicha acusación ya que, a su entender, se ha puesto de manifiesto que “esa cifra ha quedado reducida a cero”.
Los investigadores destacaron que el expresidente del FMI mantenía una relación con la compañía BCC con el que Rato hace “circular fondos provenientes de actividades profesionales”. Todo con un “complejo entramado empresarial”. Entre esos fondos, según la Guardia Civil, se encontraban las conferencias con las que el exvicepresidente de Azna “recibía importantes cantidades de dinero”.
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