Rodrigo Rato, expresidente de Bankia
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha denunciado que la causa que le investiga desde 2015 por presunta evasión fiscal y blanqueo de capitales ha quedado en manos de la Oficina Antifraude (ONIF) y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) después de que el juez haya dejado la instrucción “sin control”.
Según publica la agencia Efe, de este modo ha respondido Rato al atestado de la UCO en el que los agentes de la Guardia Civil señalaban que varias empresas privatizadas en los años en los que fue ministro (1996-2004) pagaron por campañas de publicidad en medios casi 83 millones, a través de agencias presuntamente relacionadas con su familia.
En un escrito de 20 páginas que recoge la agencia, el también expresidente de Bankia considera que la investigación es “eminentemente política”, y está dirigida a empañar su “buen nombre como ministro” pese a carecer de pruebas concluyentes.
Rato cree que los agentes de la UCO parten de la hipótesis criminal de que desde su cargo público se habría enriquecido ilícitamente, una idea que, sostiene, tratan de defender tergiversando la realidad y aprovechando información obtenida a partir de diligencias “opacas”, practicadas “en silencio y a espaldas de las defensas”.
El documento, remitido el pasado jueves por el exministro al juez de Madrid que instruye su caso, denuncia que en el último año y medio se haya tomado declaración a 48 personas, algunas de las cuales “en calidad de investigados”, sin haber dado traslado a las defensas ni estando presente el propio magistrado. Algo a su juicio “absolutamente intolerable” que probaría que se trata de una “causa general” en la que, “sin indicio racional de criminalidad previo”, se investiga “la vida del señor Rato en su integridad”.
El exvicepresidente del Gobierno considera asimismo que los sucesivos informes elaborados a partir de la documentación incautada durante el registro de su casa “ninguna relación guardan” con el supuesto delito de blanqueo de capitales en el extranjero que dio origen a las pesquisas en abril de 2015 y que fue el mandato que el juez, a petición del fiscal, otorgó entonces a la UCO.
Por todo ello, considera que el objetivo de estas investigaciones es causar un “gravísimo daño reputacional”, por lo que insta al juez a que remedie una vulneración de derechos “con graves efectos” tanto para su capacidad de defensa como para su “buen nombre”.
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