El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, entrega en el Congreso de los Diputados el Informe Anual 2017.
“En este momento, en la práctica, no hay en España ninguna política estatal de vivienda”. El Defensor del Pueblo regaña al Ejecutivo porque dice no encontrar ni “objetivos cuantitativos anuales ni mecanismos de seguimiento en el conjunto de normas comprendidas en el Plan 2013-2016”.
En su informe anual, presentado ayer, recoge que en la reciente presentación del Plan de Vivienda por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no se mencionaron “objetivos desagregados para cada autonomía”, como se hizo en 2014.
Pero tampoco salva al plan previo, ya que acusa al Ejecutivo de no sacar conclusiones ni valorar su cumplimiento: “Han transcurrido cuatro años del período de duración previsto y no se conocen los resultados”.
En el otro lado de la balanza, valora positivamente “las iniciativas que están adoptando numerosos municipios emanados de las elecciones municipales de 2015, en las que destaca el esfuerzo de tales corporaciones de aumentar la oferta de viviendas de alquiler, en especial el de carácter social”.
Se centra en el segmento de población “al que la crisis ha arrastrado hacia una situación de vulnerabilidad, rayana en ocasiones con la marginalidad”.
“Este demandante de vivienda apenas si se parece al existente en 2008”, considera la institución. “Es nuevo y está integrado por múltiples colectivos: familias con menores a cargo, con personas discapacitadas, mujeres víctimas de la violencia de género, mujeres solas con cargas familiares; otras están constituidas por personas que están en desempleo; también los jóvenes, que por ser víctimas de crecientes dificultades no han podido alcanzar la emancipación residencial. En definitiva, se trata de un variado elenco de personas que, lamentablemente, padecen una fuerte carencia de ingresos”.
El Defensor del Pueblo se centra también en los jóvenes, atados a la “baja remuneración” de muchos de los empleos que se crean actualmente, temporales y a jornada parcial, que impiden la compra y hacen del alquiler “la única vía posible para acceder a una vivienda”.
Pero el fin es el mismo: “No existe suficiente oferta de viviendas públicas” y exige “que se resucite ya la política de vivienda social”. Recuerda que el parque público apenas supera el 2% del total de inmuebles residenciales del país, un porcentaje muy por debajo del estimado para el conjunto de la Unión Europea, de en torno al 9%, y que “resulta imprescindible un cambio copernicano en las políticas de vivienda de las diferentes administraciones, las cuales deben concentrarse en el fomento decidido del régimen de alquiler social”.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo se hace eco de las sucesivas sentencias del Constitucional contra leyes autonómicas de vivienda, previamente recurridas por el Ejecutivo del PP ante el alto tribunal: “Varias comunidades autónomas han aprobado leyes, algunas de ellas reconociendo de forma expresa un derecho subjetivo a la vivienda, y estableciendo mecanismos para evitar el fenómeno de desocupación de viviendas, en un momento en el que hay una necesidad social acuciante de viviendas sociales”.
“En todos los casos, sin excepción, el gobierno ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra dichas leyes, impidiendo así la aplicación de estos mecanismos.”
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