Mariano Rajoy no se conformará con una “mera declaración de nulidad” del Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno ha reclamado, en el escrito de 34 páginas dirigido al órgano tras el inicio de la tramitación de la Ley de Referéndum, que se tomen “todas aquellas medidas que sean necesarias para evitar la continuación de la vía de hecho del Parlamento de Cataluña en el llamado proceso de secesión de Cataluña”.
En la sentencia reclamada al Constitucional, a la que ha tenido acceso Europa Press, Rajoy ha insistido en la necesidad de ser contundente “para salvaguardar la autoridad del Tribunal Constituciona y el Estado de Derecho”. Ante esta situación abierta en Cataluña, el Ejecutivo ha exigido al órgano “que se explicite con la mayor claridad y contundencia posible que la ejecución de los actos aquí impugnados constituyen un grave incumplimiento de las decisiones adoptadas por el tribunal, y que los instrumentos no puedan ponerse en marcha”.
De esta manera, el presidente del Ejecutivo ha instado a que, “dada la extrema relevancia constitucional del caso”, el Constitucional se pronuncie “lo antes posible”. Es más, Rajoy ha suplicado que los miembros admitan a trámite esta petición que sale desde La Moncloa de forma “preferente y urgente”.
Un escrito donde el líder del Gobierno ha advertido de que en caso de que no se anule lo acordado en el Parlament de Cataluña se estaría permitiendo el “debate y votación de una proposición de ley del Referéndum de Autodeterminación, lo que supondría de forma palmaria y manifiesta la asunción de una función constituyente por parte del Parlamento catalán, extramuros de la Constitución y de los procedimientos de reforma en ella regulados”.
Tal y como ha avanzado Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno ha reclamado al Tribunal Constitucional a que deduzca testimonio a Carme Forcadell, presidenta del Parlament catalán y al resto de miembros de la Mesa que han votado a favor de la tramitación. Además, el Ejecutivo, en su escrito de 34 páginas, ha pedido que se remita a la Fiscalía su actuación porque “han incumplido, con pleno conocimiento, las advertencias previstas en resoluciones anteriores del tribunal de garantías” y la orden en ellos contenida.
