“Cualquier política de sostenibilidad implica la descarbonización, es decir, una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y por ello una descarbonización de la economía”, defiende este observatorio, que da cuenta del estado actual y las tendencias de las emisiones por comunidades. Y es que, tal y como defiende, “es necesario adoptar medidas radicales de gobiernos regionales y locales para conseguir estas imprescindibles reducciones para intentar mantener el margen seguro de 1,5ºC”.
De acuerdo a este estudio, “2021 fue el año de la salida de la pandemia del Covid 19 y se produjo un fuerte aumento de las emisiones en España asociados al PIB del orden de un 6,6% y en el 2022 del orden de 1,3% con datos provisionales”. “Mientras en 2020 se produjo una caída de las emisiones en todo el mundo y también en España del orden del 14%”, detalla.
El informe recoge que el total emitido de gases efecto invernadero en 2021 distribuido por autonomías sitúa a Andalucía a la cabeza, con el 15%. Por detrás, Cataluña (14%), Comunidad Valenciana (10%) y Madrid (9%). Solo ellas representan el 48% del total. Además, están Asturias, Castilla y León y País Vasco (6%, respectivamente), Castilla-La Mancha y Canarias (5% cada una), Aragón, Murcia y Galicia (4%), Baleares y Extremadura (3%), Cantabria y Navarra (2%) y La Rioja (1%).
Respecto a las comunidades que más han disminuido sus emisiones totales entre 2020 y 2021, han sido Ceuta, Melilla y Aragón, con -2%, respectivamente. Frente a esto, en Asturias han aumentado un 21%. Por encima de los dos dígitos de subida también están Baleares (17%), La Rioja (16%), Navarra (13%) y Madrid (11%).
Si nos remontamos a 1990 y vemos la evolución hasta 2021, las emisiones totales han caído bruscamente en Galicia (-153%), Ceuta (-79%), Castilla y León (-78%), Asturias (-43%) y Aragón (-32%). En otros territorios han aumentado notablemente: Extremadura (66%), Murcia (41%), La Rioja (40%), Canarias (33%), Comunidad Valenciana (30%) o Madrid (28%).
‘Pico’ de las emisiones en 2007
El Observatorio de la Sostenibilidad señala que el ‘pico’ de las emisiones se dio en España en 2007, año en que ascendieron a 354 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Las Comunidades Autónomas que más tarde disminuyeron sus emisiones fueron Murcia y Baleares. Y las que primero tuvieron el pico de emisiones fueron Galicia, Navarra y Canarias en 2005.
Tras estos datos, dice, muestran que “el importante grado de descentralización” de España permite que los distintos territorios “tengan cada vez mayor poder de decisión para contribuir a la lucha contra el cambio climático”. Así, considera que las comunidades tienen una “importante responsabilidad en las emisiones de su territorio” tanto para desarrollar sus propios planes y políticas de reducción, como para incentivar el autoconsumo.
Abanderar la descarbonización
En el marco de la próxima COP28, durante la cual España mantendrá la presidencia del Consejo Europeo, ve clave que Europa “abandere la descarbonización mediante la reducción radical de las emisiones en 2030 y la necesidad de sistemas de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas en los procesos de reducción de emisiones a escala de comunidades autónomas y entidades locales”.
El observatorio insiste en que las Comunidades Autónomas tienen en su mano “competencias claves” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus territorios y “deben ejercerlas para marcarse objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y, en definitiva, de descarbonización”.
Fijar responsabilidades y aumentar la rendición de cuentas
Por ello, plantea una serie de recomendaciones como la necesidad de “establecer responsabilidades diferenciadas” entre las comunidades en cuanto a la lucha contra el calentamiento de la tierra. También, “aumentar la rendición de cuentas y la coherencia en las políticas y, por supuesto, evitar las subvenciones a los combustibles fósiles, apostando de forma clara por las energías renovables y el autoconsumo”.
“Si las Comunidades Autónomas son responsables en gran parte de las políticas de adaptación y compensación deben asumir el liderazgo en la reducción de las emisiones y participar en la política energética y de transportes”, concluye.
