“Quien contamina, paga”: las renovables piden una fiscalidad que penalice a los combustibles fósiles

La patronal de las renovables APPA reclama una fiscalidad que castigue a las tecnologías más contaminantes como base de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que desarrollará el Gobierno para cumplir con los objetivos de la Unión Europea en materia de sostenibilidad y con las metas del Acuerdo de París.

Para la asociación, una regulación que busca “evitar o adaptarse a los efectos que provocará el cambio climático” tiene que penalizar en materia fiscal a los “causantes del problema”, es decir, las fuentes más contaminantes, como es el carbón, y beneficiar a la generación renovable.

“Hasta el momento, la fiscalidad medioambiental ha recaído en mayor parte sobre las tecnologías renovables con una finalidad recaudatoria y no dirigida a favorecer la Transición Energética”, denuncia APPA en un comunicado. “Si se hubiera establecido una fiscalidad que recogiese el principio de que quien contamina, paga, el desarrollo de las renovables habría sido una consecuencia directa de los propios mercados”, sostiene al respecto su director general, José María González Moya.

Esta es una de las reclamaciones que ha hecho la asociación en su participación en el proceso de consulta pública abierto por el Gobierno antes de la elaboración del anteproyecto de la nueva ley, y que estuvo abierto desde el 18 de julio hasta ayer, 10 de octubre.

Las empresas renovables también han solicitado que la futura ley “establezca un marco regulatorio estable y predecible, que contemple un escenario de protección para las inversiones en renovables pasadas y futuras”. En este sentido, exige que no se repitan “errores del pasado” y se realicen “cambios legislativos retroactivos”, así como la consecución de “una planificación energética vinculante, que contemple la entrada de nueva generación renovable y un calendario de cierre de centrales que sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones”.

Además, aboga por no centrarse solo en el sector eléctrico y establecer también “objetivos vinculantes, ambiciosos y alcanzables en climatización y transporte”.

Consulta pública para la futura ley

La consulta abierta por los Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente había recibido más de 170 propuestas a finales de septiembre.

En ella también a participado la organización ecologista Greenpeace, que defiende que la ley deberá establecer un marco normativo para la transición hacia un modelo energético eficiente, inteligente, 100% renovable en 2050, con una hoja de ruta transparente.

El Gobierno debe asumir objetivos mucho más ambiciosos en las negociaciones energéticas que están teniendo lugar a nivel europeo y esperamos que todo este proceso de consultas públicas se refleje en la ley”, mantiene al respecto Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.

Acceda a la versión completa del contenido