Pago en un comercio
“Hoy damos un paso decisivo para mejorar la vida a millones de personas trabajadoras en nuestro país, un impulso nuevo a la agenda social”. Así lo afirmaba la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a principios del pasado mayo después de que el Consejo de Ministros aprobara el Anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria. Sin embargo, habrá que esperar a que esta medida sea una realidad.
Este aplazamiento no gusta a los sindicatos. CCOO y UGT alertan de que el retraso “no justificado” del trámite de la ley está teniendo “efectos directos en el mundo del trabajo, privando de un derecho a la mayoría de las personas trabajadoras y sobre todo a las más vulnerables que sufren la precariedad de largas jornadas no retribuidas y contratos a tiempo parcial involuntario, afectando más intensamente a las mujeres”.
“La incertidumbre”, afirman, “también está bloqueando las mesas de negociación colectiva, donde muchas patronales se escudan en la falta de claridad legislativa para frenar avances”. Un bloqueo, avisan las organizaciones sindicales, que puede desembocar en un otoño especialmente conflictivo en términos laborales”.
Por todo ello, reclaman que se reanude “de forma inmediata” la tramitación parlamentaria de esta ley, “nacida del diálogo social y fruto del acuerdo entre el Gobierno, UGT y CCOO”.
No piensan lo mismo desde Foment del Treball, que denuncia que la reducción de la jornada laboral por ley sería “uno de los errores económicos más graves en democracia”. La patronal catalana ha presentado un manifiesto en el que deja claro su rechazo a la propuesta de Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral por ley, al margen de la negociación colectiva..
Una reducción por ley y de manera unilateral de la jornada laboral, señala Foment, supondría un incremento del 7% en los costes laborales y un impacto estimado de 23.000 millones de euros para las empresas españolas. En palabras de su presidente, Josep Sánchez Llibre, la la iniciativa del Ministerio de Trabajo es “el error económico más grave en 46 años de democracia si llegara a salir adelante”.
La reducción de la jornada beneficiará a un total de 12,5 millones de trabajadores del sector privado, 10,5millones de trabajadores a tiempo completo y 2 millones de trabajadores a tiempo parcial, según el departamento de Díaz.
En este sentido, más de la mitad de los beneficiarios de la reducción de jornada, el 55%, se concentran en cuatro sectores económicos: Comercio, Industria Manufacturera, Hostelería y Construcción.
Respecto al Comercio, Trabajo contempla que se acogerían a la iniciativa algo más de 2,4 millones de personas; mientras que en la Industria Manufacturera esta cifra superaría los 2 millones.
La Administración pública sería el sector cuya plantilla menos se beneficiaria de las 37,5 horas: 3.500 trabajadores y trabajadoras.
Número de beneficiarios de la reducción media de la jornada por sector
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