Las criptomonedas no están impresas por bancos nin controladas por ninguna institución, por lo que han estado ligadas desde su nacimiento al blanqueo de dinero. Según ha desvelado recientemente Europol, en torno al 4% de las ganancias procedentes de la actividad delictiva en el Viejo Continente se canalizan a través de divisas digitales como el bitcoin. ¿Qué ocurre cuando se confiscan estas monedas virtuales?
Ese es el quebradero de cabeza de las autoridades finlandesas, que acumulan 2.000 bitcoins, confiscados en docenas de redadas realizadas desde 2016, aunque no han revelado el origen concreto del dinero. Actualmente, las monedas asuman un valor cercano a los 23,5 millones de dólares (algo más de 19 millones de euros), aunque a mediados de diciembre, cuando el bitcoin tocaba su cota máxima, alcanzaron los 40 millones (unos 32,3 millones de euros).
Las criptodivisas incautadas por actividades ilícitas no se pueden almacenar en plataformas de intercambio virtuales, ni se permite su uso para compras en internet. Tampoco se pueden usar como una moneda o medio de pago.
Según apunta Bloomberg, la opción más probable es que los bitcoins acaben subastándose a través de una puja pública, pues los sitios de intercambios de divisas virtuales pueden ser opacos y poco confiables para una subasta de este tipo. Una vez realizada la puja, los dueños de los bitcoins podrán cambiarlos en euros después tras un fallo judicial que certifique la asignación.
Algo similar ocurrió en EEUU, el Cuerpo de Alguaciles del país norteamericano (United States Marshals Service) anunció la subasta de 3.813 bitcoins confiscados por el departamento de Justicia en diferentes incautaciones civiles y penales.
